"Los maltratadores que queden libres estarán vigilados de tres a cinco años"

Juan Manuel Moreno Bonilla es el primer hombre que ocupa este cargo. Preocupado por los asesinatos de mujeres, confía en que las nuevas medidas den sus frutos
ABC.ES-03/06/2013-CRUZ MORCILLO

Seis mujeres muertas a manos de sus parejas en las últimas dos semanas han reactivado con contundencia las voces de alarma contra esta lacra social, que demanda una atención permanente de nuestras instituciones. Se trata de no bajar la guardia. Nunca, en ningún caso.

Por ello, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad está diseñando nuevas medidas para tratar de prevenir la tragedia de los crímenes de género. Juan Manuel Moreno es el secretario de Estado de Igualdad y sobre él recae buena parte de la responsabilidad para afrontar esta lucha. Por ello, avanza en una entrevista a ABC las líneas básicas de algunas reformas que están en marcha.

La fundamental, la vigilancia de aquellos maltratadores condenados a una pena mínima de un año de cárcel que, al quedar en libertad, tendrán que ser vigilados un mínimo de tres años y un máximo de cinco en función de su peligrosidad. Si incumple las condiciones de su libertad, la vigilancia podrá ser prorrogada otros cinco años más. Tras más de 500 reuniones de trabajo con expertos en esta lucha, Moreno tiene claro que es una de sus prioridades.

-¿Por qué no se frena la sangría de muertes?

-La violencia de género es un problema poliédrico. Tiene mucho que ver con un factor cultural, tradiciones y arraigos y requiere cambio social y cultural. España es el país de la UE que más recursos dedica y el más avanzado, el que cuenta con más medios humanos y materiales, pero esta violencia es el máximo exponente de la desigualdad que se manifiesta con malos tratos, a veces hasta la muerte.
 
-Los críticos ven en estas muertes el fracaso de la ley...

-La ley funciona. Hemos conseguido sensibilizar a una parte de la sociedad, especialmente a los hombres que eran ajenos al problema y ahora son parte de la lucha. Funcionan los sistemas policial, sanitario y asistencial; tenemos casi 6.000 reclusos por penas de violencia de género en España, así que penalmente también funciona.

-Una de las medidas clave de la nueva estrategia nacional del Gobierno es la libertad vigilada de los maltratadores. ¿Cómo se va a articular?

-Es una de las medidas más importantes. Queremos evitar la peligrosidad y reforzar la tutela penal a las víctimas. Para que se imponga esta libertad vigilada, el sujeto tiene que haber sido ya condenado; tener una pena de más de un año y se impondrá como requisito que el agresor salga de la cárcel y sea peligroso. Se van a reforzar todos los sistemas de protección a las víctimas y a sus familiares, especialmente los hijos. La duración mínima será de tres años y la máxima de cinco, y si hay incumplimiento se pondrán imponer prórrogas de cinco años como máximo. No podrá acercarse ni a la víctima ni a su domicilio ni a su centro de trabajo ni a los sitios que frecuenta la mujer. Tendrá que mantener un solo lugar de residencia y no podrá abandonarlo sin la autorización previa de las autoridades penitenciarias, además de comparecer de forma periódica en los servicios de gestión de penas y acudir a programas de carácter cívico.
 
-Pero esos programas son ahora alternativos a la medida de prisión... 

-Con la nueva medida serán «además de» y los maltratadores a los que se imponga tendrán prohibido cualquier tipo de armas, incluidas las blancas.

-¿Se incluirá todo ello en la reforma del Código Penal? ¿Cuándo entrará en vigor? 

-Sí, hemos mantenido antes de elaborar la estrategia casi 500 reuniones, entre ellas con todos los Ministerios implicados, sobre todo con Justicia; se ha diseñado la propuesta técnica y ya ha sido asumida. Es difícil concretar el plazo, pero lo razonable sería entre septiembre y diciembre de este año.
 
-Se hará hincapié en los colectivos vulnerables (mujeres del ámbito rural, extranjeras, disminuidas psíquicas y mayores de 65 años). ¿Habían quedado olvidadas?

-Son las más vulnerables y tienen dos problemas fundamentales. Su nivel de información es menor que los propios mecanismos que existen (016, asistencia gratuita...) y tienen cierto temor a la hora de denunciar; más trabas personales porque en general tienen una enorme dependencia de su pareja, casi siempre social y económica.

-¿Cómo han afectado los recortes a la violencia de género?
 

-La Delegación del Gobierno contra la violencia de género es la que menos recortes ha tenido. Del 13-14 por ciento del total del Ministerio, estas partidas se recortaron un siete por ciento y ha sido en gestión, viajes, reuniones, publicaciones y en la producción de campañas, no en la distribución. La campaña de este año ha sido gratis. Hay presupuestados 1.539 millones para cuatro años.
 
-Sí parece haber disminuido la concienciación social. ¿O no?

 
-Yo creo que es una apreciación. La clave es la denuncia y que incidamos en que la salida de la violencia es una historia de éxito. Por otra parte, no se puede hacer demagogia como ha ocurrido con la reforma de Justicia. La asistencia gratuita no solo va a seguir, sino que vamos a contar con un servicio de atención y asesoramiento para las mujeres antes de interponer la denuncia, con abogados de oficio especializados en esa materia. Se articulará a través de Justicia, de los servicios sociales y de Interior. Se trata de una asistencia a priori y especializada. Las víctimas no van a pagar ni un euro por tener asistencia jurídica.

-¿Pretenden añadir nuevos delitos con encaje en este tipo de violencia, como el acoso o la ablación?
 
-Algunos ya estaban previstos y hemos añadido otros, como el acoso u hostigamiento a la mujer, incluido el acoso en Internet o la manipulación de los brazaletes de control de maltratadores, que son con frecuencia manipulados y no pasa nada. Será delito también la cesión a terceros de imágenes que causen daño a la intimidad, que degraden a la mujer, así como los matrimonios forzosos y la ablación. Son un cuerpo de reformas que buscan achicar el espacio del maltratador.
 
-Ustedes han incluido a los menores como víctimas de la violencia de género. ¿Qué ha supuesto?
 
-Lo primero que hicimos fue modificar la ley para introducir a los menores en el artículo 1, una de las grandes reivindicaciones de las asociaciones. Los niños son utilizados como instrumentos de presión a la mujer y además son víctimas o testigos, en muchos casos también. Este maltrato deja gravísimas secuelas afectivas y psicológicas. Los hemos incorporado para poner el foco sobre ellos. Se ha actualizado el protocolo de atención sanitaria para que los profesionales tengan nociones y atención inmediata. Se va a crear un registro unificado, homologado a nivel nacional en todas las comunidades autónomas donde constarán los casos y el número de víctimas, y estamos trabajando con Justicia en regular el régimen de visitas una vez que el maltratador ha entrado en fase penal. El fin es que los menores que viven con esta violencia se beneficien de todas las posibilidades asistenciales.
 
-Hablando de menores, ¿cómo es posible que un asesino conserve la patria potestad cuando ha matado a la madre de la criatura?

 
-Es un asunto muy complejo. La patria potestad en España es un derecho casi inherente al propio padre (algo que también supone un problema en las adopciones, por ejemplo). Es muy difícil quitar ese derecho al padre. Otra cosa es la custodia. Estamos estudiando las dificultades jurídicas para ver si hay un resquicio y evitar esa situación en que un asesino conserve la patria potestad, pero no es sencillo.
 
-¿Qué tiene que decir a quienes argumentan que hay muchas denuncias falsas, incluidos algunos diputados?

 
-Hay que ser responsables. Las denuncias falsas no llegan ni al 0,5 por ciento. Los datos que nos da el CGPJ son inapelables, y yo pediría que se imponga la prudencia al hacer esas afirmaciones para no caer en la demagogia.

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