CNMI-02/07/2009

Hoy la Ministra de Igualdad, Bibiana Aído, se encuentra en Etiopía para participar en la Conferencia Ministerial sobre Supervivencia Materna. Según la OMS mueren al año medio millón de mujeres por complicaciones durante el parto, y al menos 15 millones sufren discapacidad por este motivo. Nos parecería un fantástico proyecto para evitar que más mujeres mueran por problemas en el embarazo o parto, pero teniendo en cuenta que estamos en una época de profunda crisis, en la que ha crecido el desempleo femenino en el último año en 7 puntos, el Foro Económico Mundial nos ha relegado del puesto 10 al 17 en igualdad, las mujeres cobran un 17,6% menos que los hombres en el mismo puesto de trabajo, estando la media europea situada en 17,4%, 1 de cada 10 menores que aborten lo volverán a hacer, o el consumo descontrolado de la píldora postcoital entre las jóvenes, la edad del agresor y de la agredida por violencia de género es cada día más joven, incluso menores de edad, las mujeres que sufren maltrato lo padecen una media de 10,3 años, o el 66% de la publicidad de juguetes reproduce estereotipos sexistas, etc... nos indica que el presupuesto del Ministerio de Igualdad está siendo mal gestionado, ya que sus recursos presupuestarios no están siendo destinados a beneficiar a la mujer y favorecer su integración social, laboral, y la defensa de sus derechos e intereses.

Desglosando las partidas, de entre 80.960.000 millones o 82 millones, según las fuentes, que consiste su presupuesto anual, ha utilizado:

- 55.000€ en remodelar su despacho Ministerial, la secretaria, la sala de juntas y el vestíbulo.

- 36.432.000€, es decir, el 45% del presupuesto, en personal.

- 5.000.000€ en el programa Leave no woman behind en Etiopía, para la mejor de la salud sexual y reproductiva de las mujeres etíopes.

- 4.040.000€, correspondiente al 5% del presupuesto, en el teléfono del maltratador.

- 919.368€ en publicaciones

- Otras cuantías desconocidas por esta organización en obras en el interior del Ministerio situado en Alcalá 37 (Madrid), y demás gastos.

De este presupuesto queda una cuantía de 34.513.632€ para realizar el resto de los cometidos y gastos de este Ministerio, por lo que nos preguntamos si estos gastos realizados por la Ministra son los más aconsenjables para un país donde la igualdad no se cumple, hay dificultades de acceso a la mujer al mundo laboral con techos de cristal, además de acoso laboral e incluso sexual, en donde la violencia de género aumenta cada día a la vez que disminuye la edad del agresor y agredida, y en donde las jóvenes están poniendo en riesgo su salud física, psicológica y futura maternidad cuando lo elijan por el consumo indiscriminado de la píldora.

Para terminar, nos encontramos con un problema que afecta a las entidades femeninas nacionales, correspondiente a las subvenciones que permiten nuestra subsistencia. Esto es, la convocatoria de subvención para ONGs, cuya finalidad es realizar proyectos que fomenten la participación social de la mujer, la defensa de la igualdad, la sensibilización en contra de la violencia de género, la formación de la mujer, etc, no ha salido convocada todavía, cuando su comienzo subvencionable se situa en el 1 de Octubre de 2009 y teniendo en cuenta que tienen un plazo de resolución de 6 meses. Es decir, la subvención que permite que el 80% de las asociaciones nacionales de mujeres puedan continuar funcionando no ha sido convocada, por lo que las entidades quizás tendremos que cerrar el 30 de Septiembre, ya que, aunque es anualmente durante el primer trimestre de año cuando sale la convocatoria de subvención, a día 2 de julio no ha salido publicada ni en su ministerio hay noticias de que vaya a ser próximamente.

LIBERTADDIGITAL.COM-02/07/2009

Ramón Villota Coullaut, Abogado.

"La regulación actual sobre violencia de género ya está dando lugar a interpretaciones judiciales distintas por parte de los distintos órganos, lo que ocasiona no pocos problemas prácticos".

Nuevamente se habla de una modificación de la Ley Enjuiciamiento Criminal. En este caso versará sobre las declaraciones de las víctimas y de los testigos en los supuestos de violencia de género. Y ello cuando la regulación actual ya está dando lugar a interpretaciones judiciales distintas por parte de los distintos órganos, lo que ocasiona no pocos problemas prácticos.

Así, el artículo 416 de Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge que "están dispensados de la obligación de declarar: 1º. Los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge,...". Esto nos lleva a que las mujeres víctimas de violencia doméstica pueden acogerse a este derecho a no declarar tanto en sede policial como en sede judicial. En bastantes casos esto implica que lo que ante la policía o la guardia civil es una denuncia, en sede judicial –sea ya en instrucción o en un posterior momento, en el juicio propiamente dicho– se modifique, acogiéndose a su derecho a no declarar contra su pareja para no caer en un delito de falso testimonio.

Bien, pues todo ello da lugar a una serie de problemas prácticos que siguen sin resolverse. En primer lugar, hay juzgados, minoritarios, que entienden que cuando le ley habla de cónyuge no cabe extender esta dispensa a la obligación de declarar a las parejas de hecho, con lo cual les recuerdan a las víctimas su obligación de declarar y que han de ser veraces. Otros juzgados, más numerosos, entienden que las parejas de hecho, si no siguen viviendo juntos, tampoco pueden acogerse a este derecho –lo que es frecuente, ya que se suele solicitar una orden de protección junto a la denuncia–, pero la opinión mayoritaria es la de permitir no declarar a las mujeres víctimas de violencia doméstica si así lo desean.

A día de hoy incluso ha habido interpretaciones judiciales que manifiestan que las mujeres que han denunciado a sus parejas no pueden acogerse a su derecho a no declarar en virtud del citado precepto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, puesto que han sido ellas las que han iniciado los trámites policiales y han dado origen al procedimiento penal, por lo que no tiene sentido que, unos días más tarde, cambien de opinión. Si bien esta cuestión se encuentra sobre la mesa ante una posible reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se parte de la base de que la idea del precepto no era la de otorgar ese derecho a las denunciantes víctimas de violencia doméstica, sino posibilitar que las parejas puedan, en el curso de una investigación judicial, no declarar en contra de sus cónyuges respecto a cualquier otro hecho delictivo que no hayan denunciado ellas mismas.

En cualquier caso, este problema procesal tan práctico, que se produce todos los días en los juzgados y que da lugar a diferentes respuestas judiciales, nos remite a las múltiples dificultades que tiene la violencia doméstica, donde dentro del ámbito penal se están resolviendo cuestiones de índole civil –en relación a la casa, a los hijos o a la situación económica de la pareja–, pero también de carácter afectivo, lo que se traduce en ocasiones en cambios de opinión por parte de quienes no dejan de ser víctimas, pero sin tener clara su situación.

ABC.ES-02/07/2009-(EFE)

El gasto en prestaciones por desempleo ascendió a 2.590 millones de euros en mayo, lo que supone un aumento del 68,7% respecto al mismo mes de 2008, según el Ministerio de Trabajo e Inmigración.
A final de dicho mes había 2.592.697 beneficiaros de prestaciones por desempleo, un 57,6% más que un año antes.

El gasto medio mensual por beneficiario, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social y sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura fue de 1.035,91 euros, un aumento de 45,16 euros (el 4,6%) con respecto al mismo mes del año anterior.

La cuantía media bruta percibida por beneficiario en mayo fue de 834,11 euros, lo que supone 34,1 euros más (el 4,3%) con respecto al mismo mes de 2008.

En mayo se duplicó el número de solicitudes de prestaciones por desempleo, que sumaron 640.324, el 50,2% más que en el mismo mes de 2008 y se tramitaron 712.298 altas, un aumento del 73,7%. El tiempo medio empleado para el reconocimiento de una prestación fue de 6 días, uno menos que en el mismo mes de 2008.

El número de beneficiarios extranjeros aumentó más del doble respecto a hace un año (el 109,6%) hasta los 353.747, subida que fue superior en los beneficiarios procedentes de países comunitarios (el 122,4%). Los beneficiarios extranjeros representan el 13,64% del total de los beneficiarios de prestaciones por desempleo y suponen el 71,83% del total de demandantes de empleo extranjeros. El gasto en prestaciones de los beneficiarios extranjeros, que representa el 11,5% del total, fue de 298,4 millones de euros en mayo, el doble que un año antes (105%).