Ser mujer, inmigrante, sin papeles y con desarraigo social. El fiscal general de Andalucía, Jesús García Calderón, enumeró ayer en La Rábida (Huelva) el conjunto de factores presente en gran parte de los casos de violencia de género producidos en nuestro país. E hizo hincapié en un elemento más: "La dificultad que se está poniendo a las víctimas de violencia de género para acreditar esta situación".
El fiscal, que participó en uno de los cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (Unia), lamentó la "falta de datos" que permita conocer el problema "en profundidad" y reconoció "las limitaciones y dificultades que la mujer extranjera sigue teniendo a la hora de denunciar".
Como muestra de la dimensión del problema, ofreció datos ("valiosos pero todavía insuficientes") que serán remitidos al Parlamento en los próximo días: las víctimas de violencia de género casi se "sextuplican" en el caso de las mujeres inmigrantes irregulares; de las 271 víctimas que han fallecido entre 2003 y 2008 como consecuencia de la violencia de género, 97 de ellas eran de procedencia extranjera. De las órdenes de protección solicitadas en España, el 35% son de inmigrantes.
García Calderón habló de "zonas grises y negras" en una situación "verdaderamente grave" que afecta a cientos de mujeres. "Ya en el año 2001 pusimos de manifiesto las carencias que presentaba nuestra legislación e incluso señalábamos la necesidad de otorgar a la mujer el estatus de refugiada", señaló durante su conferencia.
"La única manera de combatir el muro de silencio es la integración social", concluyó el fiscal.
Esta página está optimizada para navegadores
Chrome, Internet Explorer 9 y Firefox 4.0
