Las agresiones de hijos a padres conocidas por el juzgado aumentan un 30% este año

NOTICIASDENAVARRA.COM-21/12/2009-JESUS MORALES

La fiscalía de menores ha incoado ya 27 diligencias por delitos de violencia familiar

Cinco casos han concluido con la condena del adolescente, y tres de ellas con el internamiento en un centro especial 

El número de agresiones de hijos menores a sus padres o hermanos han aumentado un 30% este año en la Comunidad Foral. La Fiscalía de Menores del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ya ha incoado a lo largo de 2009 un total de 27 procedimientos por maltrato en el ámbito familiar (21 hubo en 2008), de los cuales cinco han acabado con la condena del agresor y tres, incluso, con su internamiento en un centro especial para ser sometido a un programa de reeducación.

El aumento en el número de expedientes es generalizado en el conjunto del Estado. Según los datos que maneja la Fiscalía General, los delitos de violencia doméstica cometidos por menores en 2007 en toda España sumaron casi 2.000 y en el 2008 fueron 4.000, aunque los expertos advierten de que probablemente la cifra sea aún mayor porque muchos casos no salen a la luz ni llegan al juzgado.

Aunque no es posible dibujar un perfil sociológico o psicológico definido de los menores que cometen estos delitos, sí se detecta una mayor proporción del fenómeno entre las familias monoparentales y aquellas en las que pese a haber un padre, su figura está muy ausente. Tampoco se ha detectado una "especial evolución" en los rasgos sociales o económicos de los menores en la última década, aunque sí aumentan los diligencias que tienen por objeto a quienes no han cumplido los 14 años.

seis procedimientos sin denuncia A fecha 15 de diciembre, la Fiscalía de Menores de Navarra había incoado 27 diligencias preliminares por violencia en el ámbito familiar, la mayoría de ellas por malos tratos a padres. De ellas, 16 se han archivado, entre las que destacan seis procedimientos en los cuales los padres no quisieron interponer la correspondiente denuncia. También hubo tres casos en los cuales los agresores implicados no llegaban al mínimo penal de 14 años de edad y otros seis casos en los que se optó por encauzar el conflicto familiar por otras vías de actuación diferentes a la educativa.

En el caso de los menores de 14 años que han cometido una agresión, el expediente es derivado a los servicios sociales del Gobierno de Navarra "para que valoren si ese menor está en situación de riesgo, desprotección o no hace falta intervenir". La edad penal mínima en España se sitúa en 14 años.

Por su parte, los expedientes de reforma, que suponen llevar adelante las diligencias preliminares al tener constancia de la posible existencia de un delito, suman en lo que va de año once casos de maltrato. Entre ellos hubo tres procedimientos que se archivaron porque hubo conciliación entre el menor agresor y la víctima (en todos los casos era un hermano), o porque se entendía que no era preciso intervenir educativamente.

La conciliación es una vía para archivar el expediente de reforma y buscar una solución alternativa. Para ello, el menor debe mostrar arrepentimiento sincero por su conducta inadecuada. "Es el equipo técnico el que supervisa el procedimiento. Tras recoger información de las circunstancias del menor, si ven que hay una voluntad de cambio y que la otra parte, es decir, las víctimas aceptan esas disculpas, se acabaría el procedimiento penal".

Los cinco asuntos que han llegado a juicio este año han concluido con la condena del menor y la imposición de medidas judiciales de diferente índole, entre las que destaca la más severa, como es el internamiento del menor en un centro especial, en este caso, la Fundación Haritz-Berri de Ilundáin. Tres menores han sido recluidos este año en dicho centro por haber maltratado a sus padres. Otra de las condenas impuso al menor un régimen de libertad vigilada y también se ordenaron trabajos en beneficio de la comunidad en otro.

El periodos de internamiento pueden llegar hasta el año, aunque siempre dependerá de la evolución y del comportamiento del menor, lo que puede adelantar el régimen de libertad vigilada. "Son necesarios varios meses de intervención, porque se trata de modificar conductas que no han surgido de un día para otro. Es la única forma de que el programa sea eficaz", explican las fiscales. En libertad vigilada, los jóvenes deben cumplir una serie de reglas, que van desde respetar los horarios de regreso a casa, hasta ayudar en casa o contestar de una manera correcta.

La mayoría de los expedientes de reforma tienen como acusados a menores varones, mientras que el número de mujeres es prácticamente testimonial. Los padres son las víctimas más habituales, por encima de los hermanos. "La agresión física suele tener como objeto a la madre, mientras que el insulto se dirige hacia el padre", explican las fiscales de menores de Navarra.

Son conflictos familiares gestados en el tiempo. "Uno no se levanta por la mañana y maltrata a sus padres en el sentido más amplio: falta de respeto, incumplimiento de normas, agresividad física... Es algo que va degenerando hasta que los padres se dan cuenta de que no pueden hacer carrera con sus hijos", apuntan las responsables de la Fiscalía de Menores del TSJN, que se encarga de instruir todos los casos que tienen por objeto a menores en riesgo de exclusión.

"Los padres llegan aquí cuando ya no saben qué hacer y están desesperados, cuando la situación ya es límite. A veces nos piden que lo internen en un centro porque no pueden seguir así. Lo que quieren es una situación inmediata y que el menor salga del domicilio. Llegan con desconocimiento, sin saber las consecuencias de la denuncia", indican las fiscales, que destacan que "cuando nos llega un atestado y los padres no quieren denunciar, les llamamos para explicarles qué tipo de actuación podemos seguir, si podemos seguir por la vía penal o por la vía de protección". Este año, se han acordado cinco medidas cautelares en este contexto (1 internamiento, 3 libertades vigiladas y 1 alejamiento).

colaboración familiar Aunque la Fiscalía de Menores puede intervenir de oficio sin que medie la denuncia paternal, "no es lo deseable, porque no vas a ir en contra de lo que quieren los padres. De lo que se trata es de ir todos por el mismo camino. No sirve de nada que planteemos una intervención con un educador, que va a pedir información a los padres, y éstos la ocultan. Sería totalmente ineficaz". Como evidencia de esta estrategia, la totalidad de las medidas cautelares adoptadas y de las sentencias han sido dictadas por conformidad. "Se trata de buscar la solución juntos", afirman.

La actitud de los menores al enfrentarse a un proceso de este tipo es "en general, buena. Son conscientes de que algo está fallando en su educación. Aquí se ven en una situación distinta, mucho más incómoda, porque a nosotras emocionalmente no nos pueden chantajear. Otros reaccionan muy mal, dando puñetazos en la puerta, pero en general entienden que se está interviniendo por su bien, para que vuelvan a tener una relación familiar correcta". En algunos casos las fiscales también advierten a los padres de que "el problema es de todos, no sólo de los menores. Él no es el absoluto culpable. Muchas veces su conducta es la totalmente inadecuada, pero la familia tiene su responsabilidad".

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