La Fiscalía General del Estado ha alertado del aumento «preocupante» de maltrato de jóvenes a sus padres, especialmente hacia las madres, aunque, a la vez, entiende que las medidas deben adoptarse desde la vertiente educativa-socializadora y no de privación de libertad de los menores.
Se trata, normalmente, de adolescentes «cuyos padres sienten la imposibilidad absoluta de enfrentarse a las situaciones que se han generado y que pasan de comportamientos desobedientes a comportamientos claramente agresivos y violentos hacia sus padres y entornos más inmediato», donde la mayoría de las víctimas son «los miembros de su entorno familiar».
Estas consideraciones las realiza el Departamento dirigido por Cándido Conde-Pumpido en una circular dirigida a fiscales sobre el «Tratamiento desde el sistema de Justicia Juvenil de los malos tratos de los menores contra sus ascendientes», en la que se pide «celeridad» en las instrucciones de esas causas, y, a la vez, se recomienda la adopción inmediata de medidas cautelares, teniendo en cuenta el interés del menor «y de las necesidades de protección de las víctimas».
En este apartado, se especifica que los menores maltratadores no suelen cometer actos delictivos fuera de su entorno familiar, por lo que, generalmente, «será aconsejable acudir a medidas no privativas de libertad, como la convivencia con grupo familiar o educativo –por un plazo no inferior a los diez o doce meses–, libertad vigilada o alejamiento».
La experiencia, añade el documento, demuestra que estos menores «requieren recursos específicos para su educación y socialización», más que su internamiento en un centro.
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