"En el confinamiento ha aumentado la explotación de mujeres para la producción de pornografía"

La magistrada María Gavilán imparte una conferencia online sobre prostitución coactiva y explotación sexual durante la crisis Covid-19
28/05/2020

 

¿Cuál es la situación de las víctimas de trata con fines de explotación sexual durante el confinamiento? ¿qué recursos se han activado? ¿qué formas de explotación han repuntado estas semanas? ¿cuál es el impacto de la pornografía? ¿cómo está funcionando la justicia? La magistrada María Gavilán, experta en violencia de género, ha impartido una conferencia online en el marco del programa IPAD -apoyo y acompañamiento a víctimas de violencia machista- de Mujeres en Igualdad para analizar con detalle la prostitución coactiva y explotación sexual en tiempos del Covid-19 desde una perspectiva de género

Y hace hincapié en la perspectiva de género porque "es un fenómeno criminal que nos afecta de manera desproporcionada a las mujeres y niñas". Los datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Crimen Organizado (UNODC) señalan que el 71% de las víctimas de trata de seres humanos son mujeres y niñas, porcentaje que se dispara hasta el 95% cuando hablamos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, según una red de fiscales dentro del seno de esta oficina.

También lo observamos claramente al estudiar la oferta y la demanda: la demanda es masculina y la oferta, en más de un 90%, femenina. "También debemos analizar este fenómeno desde esa mirada con perspectiva de género por la feminización de la pobreza, que tiene rostro de mujer".

 

PORNOGRAFÍA Y PROSTITUCIÓN 2.0

La trata de mujeres y niñas es una forma de violencia extrema dentro de las llamadas "otras formas de violencia sobre la mujer", como la mutilación genital femenina o el matrimonio forzoso. Atenta contra diversos derechos fundamentales como el derecho a la vida, la libertad, la integridad física y moral, la libertad sexual, la salud, la intimidad y la dignidad humana.

España es un país de tránsito y destino. ¿Dónde se encuentra? En locales de alterne y cada vez más -indica Gavilán- en pisos, "lo que supone una dificultad añadida a la investigación de este delito", porque es más complicado detectarla, hace falta un auto judicial...

Durante el confinamiento, subraya, se deben continuar practicando inspecciones en los locales de alterne que sigan abiertos y proseguir la investigación de pisos. En este punto ha destacado la labor de las ONG especializadas.

No hay que olvidar que en estos tiempos de coronavirus, las mujeres se encuentran muy expuestas a la posibilidad de contagio. Además, sufren un alto impacto de enfermedades de transmisión sexual, ginecológicas y psiquiátricas.

¿Qué están observando estas semanas? El aumento de a forma de explotación vinculada al cibersexo. También ha ocurrido en Italia, que ha registrado un incremento de la explotación de mujeres para la producción de pornografía y acaba de desmantelar una red.

El impacto de la pornografía es muy alto. "No olvidemos -apunta la magistrada- que la mayor parte de los niños y niñas que tienen acceso por primera vez al sexo lo hacen a través de la Red, viendo pornografía. Es una escuela de la desigualdad en la que la mujer no es el sujeto de la relación sexual, sino un mero objeto". 

Un estudio de una universidad americana ha detectado que más de un 90% de las imágenes de pornografia contienen violencia extrema, lo que implica que los menores aprendan muchas veces y y normalicen las conductas sexuales que ven en la pornografía. 

 

Durante estos días, la justicia no se ha paralizado. Ni tampoco el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El servicio se ha seguido prestando, aunque de otra manera.

Prueba de ello es que el pasado 23 de mayo agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, en el marco de la operación Dawn/Buitre, han desarticulado una organización delictiva dedicada a la trata en Mijas (Málaga). Han arrestado a 10 personas por su presunta implicación en los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, relativos a la prostitución y explotación sexual, contra los derechos de los trabajadores, contra la salud pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal y liberado a 12 mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente en una casa de la localidad malagueña. Eran reclutadas en sus países de origen en Sudamérica y trasladadas hasta España. A su llegada a Mijas, eran obligadas a ejercer la prostitución en jornadas de 24 horas, siete días a la semana, hasta resarcir la deuda contraída con la organización.

La investigación se inició a raíz de una llamada al teléfono 900 10 50 90 (perteneciente al plan de la Policía Nacional contra la trata), en la que señalaba unos hechos que podían ser constitutivos de delito. Es fundamental denunciar y apelar a la colaboración ciudadana. Puedes hacerlo a  través de la línea telefónica 062 y el correo electrónico trata@guardiacivil.es de Guardia Civil y teléfono (900 10 50 90 de Policía Nacional y trata@policia.es). Son  medios de comunicación totalmente gratuitos, confidenciales y anónimos.

 

Operación en Mijas guardiacivil.es/

 

La magistrada hizo una importante aclaración: no siempre que hablamos de explotación sexual hablamos de trata. Puede haber explotación sexual y que no haya trata.

Desde que se decretó el estado de alarma en España, si una mujer se encuentra actualmente retenida contra su voluntad y sometida a una situación de prostitución es perfectamente justificable, en cualquier fase, que pueda salir para pedir ayuda. "No se ha paralizado la posibilidad de denunciar y se está dando respuesta a todas las víctimas de delitos, como no puede ser de otra manera", recalca Gavilán.

Las víctimas de trata de seres humanos, para poder acceder a una serie de recursos asistenciales, tienen derecho a un periodo de restablecimiento y reflexión como recoge el artículo 59 BIS:

Los órganos administrativos competentes, cuando estimen que existen motivos razonables para creer que una persona extranjera en situación irregular ha sido víctima de trata de seres humanos, informarán a la persona interesada sobre las previsiones del presente artículo y elevarán a la autoridad competente para su resolución la oportuna propuesta sobre la concesión de un período de restablecimiento y reflexión, de acuerdo con el procedimiento previsto reglamentariamente.

Dicho período de restablecimiento y reflexión tendrá una duración de, al menos, noventa días, y deberá ser suficiente para que la víctima pueda decidir si desea cooperar con las autoridades en la investigación del delito y, en su caso, en el procedimiento penal.

Tanto durante la fase de identificación de las víctimas, como durante el período de restablecimiento y reflexión, no se incoará un expediente sancionador por infracción del artículo 53.1.a) y se suspenderá el expediente administrativo sancionador que se le hubiere incoado o, en su caso, la ejecución de la expulsión o devolución eventualmente acordadas.

A estos derechos se puede acceder cuando la víctima es formalmente identificada. "Porque una cosa es detectar una posible situación de trata o de prostitución coactiva y otra cosa es la identificación formal como víctima de trata, que solo lo pueden hacer las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a través de una entrevista formal".

Por lo tanto, solo se podrá actuar si se interpone denuncia y la justicia tiene conocimiento, pero existe un grave problema de infradenuncia. En trata de seres humanos, según datos de las Naciones Unidas a nivel mundial, solo una de cada 20 víctimas es identificada. "Es una cifra escandalosa", apunta. 

En muchas ocasiones, porque ni siquiera las mujeres se identifican como víctimas. Vienen de contextos en los que la violencia de género y, en concreto, la violencia sexual contra las mujeres está muy normalizada.

Cuando se presenta la denuncia, también en tiempos de Covid-19, se inicia una investigación. Lo primero que se hace, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es ponerlo en conocimiento del Fiscal delegado de Extranjería de la provincia correspondiente. Desde el juzgado se pueden adoptar medidas de protección a las víctimas, es decir, se las puede declarar testigo protegido, por ejemplo, y derivarlas a un recurso asistencial.

En España, siguiendo los mandatos y recomendaciones de la OSCE y de Naciones Unidas, desde la Delegación del Gobierno contra la violencia de género se ha diseñado un Plan de contingencia ante la crisis del coronavirus y se han adoptado medidas adicionales dirigidas a las víctimas de trata y en contexto de prostitución. El objetivo: garantizar el derecho a la información y la identificación.

 

ABOLICIÓN DEL PROXENETISMO EN TODAS SUS FORMAS

María Gavilán aboga por prohibir el proxenetismo en todas sus formas, es decir, que nadie se pueda lucrar de la prostitución ajena, y nos recuerda una sentencia de julio del año pasado del Tribunal Supremo, que explicaba cómo los locales de alterne son lugares de esclavitud. "No hace falta irse a lejanos países para observar la esclavitud del siglo XXI de cerca, sino simplemente adentrarse en lugares tan cercanos, a lo largo de los márgenes de nuestras carreteras, en donde hallar uno o varios clubs de alterne en cuyo interior se practica la prostitución con personas forzadas, esclavizadas, a las que, sin rubor alguno, se compra y se vende entre los distintos establecimientos, mientras tales seres humanos se ven violentados a ‘pagar’ hasta el billete de ida a su indignidad”.

También defiende que las políticas abolicionistas vayan más allá del ámbito del derecho penal.

La magistrada se muestra contraria a la regulación de la prostitución porque la considera una forma de violencia de género. "No todo se puede comprar y vender. Poner el cuerpo de una mujer o una niña en venta es contrario a la igualdad y favorece la violencia de género".

Recordemos que Francia, por ejemplo, ha optado por una sanción administrativa, nunca para la mujer, sino para los llamados clientes, y Suecia lo ha regulado en el Código Penal. Gavilán cree que debería hacerse un estudio de calado, sólido, que nos explique el impacto que tendría sancionar penalmente la prostitución en España.

 

 

En el turno de preguntas y debate del conversatorio intervino Rocío Mora, directora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp), quien defiende una Ley integral de lucha contra la trata con fines de explotación sexual. A su juicio, el ámbito asistencial tiene que quedar recogido y así lo demandan diversas asociaciones especializadas como la suya, que trabaja para llegar a 280 mujeres diarias, de casi 57 nacionalidades, que están siendo esclavizadas aquí, en nuestras ciudades.

También recalca la importancia de conocer la perspectiva de las mujeres, qué es lo que piensan: "tienen voz y deben tener un papel fundamental en estas políticas, este debe ser el año de la supervivientes de la trata". 

Según denuncia Mora, se las sigue invisibilizando. Un informe de 2001 recogía que España es el primer país de Europa en demanda de servicios para la prostitución y el tercero en el mundo, pero ¿qué datos existen ahora? ¿cuál es la situación actual? Lo desconocemos. La realidad es que no se está abordando la demanda. Lo dice alto y claro: el llamado cliente es un putero. 

 

PROGRAMA IPAD, subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

#NiUnaMás

 

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