Cuarenta menores juzgados por violencia machista en tres meses

LARAZON.ES-02/11/2009-F.VELASCO

Cada vez más adolescentes son procesados por agredir a las mujeres

Las medidas contra la violencia de género parecen no surtir efecto, a tenor de los últimos datos del Poder Judicial.

La violencia contra la mujer sigue siendo una lacra en la que ningún sector poblacional queda exento. El número de asuntos que ingresan los juzgados especializados y las órdenes de protección solicitadas en los mismos indican que ese triste fenómeno no parece que se encuentre en fase de disminución. El endurecimiento de las leyes no afecta a quienes, de una u otra manera,  deciden ejercer este tipo de violencia, arrastrando también en no pocas ocasiones a menores de edad.
Los datos recogidos por el Consejo General del Poder Judicial en su último informe sobre esta materia, relativo al segundo trimestre de este año y al que ha tenido acceso LA RAZÓN, indican que los juzgados de violencia sobre la mujer ingresaron directamente entre los meses de abril y junio un total de 47.377 asuntos, a los cuales hay que sumar otros 6.524 procedentes de otros órganos judiciales.

Delitos muy graves
De esas cifras, casi 70 causas se incoaron por sumarios, es decir, por delitos tipificados como muy graves, entre las que se encuentran 23 por homicidio.
Respecto a la distribución de los delitos ingresados, la mayoría, el 75 por ciento, se refiere a procedimientos abiertos por los distintos tipos de lesiones. Le siguen los  relativos a la libertad y contra la integridad moral, con el 8,1 y 3,1 por ciento, respectivamente.
Significativo resulta igualmente el apartado relativo a los juzgados de menores, donde en ese mismo período de tiempo se registraron 33 nuevos procedimientos por violencia contra la mujer y otros 35 estaban pendientes de finalizar. Un total de 40 menores de 18 años fueron enjuiciados en esos tres meses, nueve más que en el primer trimestre del año. De éstos, sólo a tres no se les impuso ningún tipo de medidas, es decir, fueron absueltos. De los que los jueces sí impusieron medidas, 29 eran españoles, frente a 8 extranjeros. De esta forma, los jóvenes se suman a una espiral de violencia que hay que desterrar definitivamente.
En cuanto a las órdenes de protección solicitadas en esos juzgados, en el último trimestre analizado por el Consejo General del Poder Judicial se observa cómo se ha registrado un ligero aumento sobre los tres meses anteriores, pasándose de 10.226 a 10.717. Sin embargo, se produce una disminución respecto al mismo periodo del año anterior, donde –junto con el tercer trimestre de 2008– se superaron las 11.000 órdenes de protección solicitadas.

Denuncias de las víctimas
Aspecto igualmente relevante es que la mayoría de las denuncias que reciben los órganos judiciales proceden de atestados policiales incoados al respecto. En este punto, destaca cómo en un alto porcentaje las mujeres deciden acudir a sede policial para denunciar estos hechos. Más de 23.000 de estos atestados se incoaron con denuncia de las víctimas. Además, en otras 2.740 ocasiones las víctimas presentaron directamente las denuncias en los juzgados.
Otro dato que viene a confirmar el citado informe del Consejo es la existencia de un elevado porcentaje de condenados entre los que son juzgados por estos hechos. Así, apenas el 23,7 por ciento de los enjuiciados por violencia contra la mujer son absueltos, frente al 76,3 por ciento que resultan condenados (el 83,4 por ciento de extranjeros y el 73 por ciento de españoles).
 

Autoridad para los padres
El PP ha presentado una proposición no de ley que «devuelva el respeto y la autoridad a los padres».
  - El incremento de la violencia de adolescentes sobre sus progenitores, con 4.200 expedientes abiertos en 2008 frente a los 2.600 de 2007, obedece a «carencias educativas y a la falta de límites y respeto».
  - El Grupo Parlamentario Popular recuerda que la supresión, hace dos años, del art. 154 del Código Civil, que permitía «corregir razonable y moderada-mente a los hijos», no ha ido acompañada de ninguna otra modificación legal.
  - Solicita el fomento de valores de diálogo, respeto y tolerancia; el refuerzo de la red de educadores «de calle» y familiares, psicólogos y orientadores; modificar leyes para reforzar el respeto y la autoridad de los padres y crear «espacios de prevención y apoyo».

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