Crónica del seminario 'Doy la cara contra la discriminación’ en la Sala El Águila

Así vivimos el foro celebrado el 12 de diciembre y en la que dimos voz a 10 asociaciones y entidades
17/12/2019

 

Infradenuncia, miedo, asesoramiento, apoyo jurídico, social y psicológico, invisibilidad, sensibilización, carencia de datos, delitos de odio, estudios o protocolos unificados, aumento del número de menores víctimas de delitos y abusos, imaginarios machistas, discriminación por edad... Son algunas de las cuestiones sobre las que más se discutió y reflexionó en el seminario 'Doy la cara contra la discriminación’, organizado por Mujeres en Igualdad el pasado 12 de diciembre en la Sala El Águila de Madrid (con la colaboración de la Comunidad de Madrid), en el marco del Programa #SinOdio, subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

Compartimos las principales demandas y reflexiones de las asociaciones y entidades invitadas a la jornada, presentada por Ana Torres. 

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INAUGURACIÓN

 

  

 

CARMEN FÚNEZ, presidenta de Mujeres en Igualdad, inauguró el foro y agradeció la participación de las entidades invitadas (Autismo España, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Adavas León, LesWorking, Oberaxe, Colegas, Apramp, Accem, Oxfam Intermón y el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y Dependencia) y de las numerosas asociaciones que nos acompañaron para compartir sus experiencias en la lucha contra el discurso del odio y diferentes formas de violencia. También el apoyo de la Comunidad de Madrid al permitirnos celebrar la jornada en este espacio y el de Carmen Martínez Fernández, Directora Deneral de prevención y atención frente a la violencia de género, igualdad y diversidad del Ayuntamiento de Madrid. 

"El objetivo de nuestro programa #SinOdio es conocer las reivindicaciones de todas aquellas personas, ONG y representantes del Tercer Sector que trabajan para atajar la discriminación. Queremos darles voz y conocer en primera persona la realidad de las personas que sufren exclusión, violencia o rechazo y ven vulnerados sus derechos... Conocer cuáles son las situaciones de injusticia y desigualdad que, por desgracia, todavía se dan en nuestra sociedad", subrayó Fúnez. Estas vulneraciones afectan al derecho al trabajo, a la sanidad, a la libertad de expresión, a la vivienda... 

Uno de los términos que más se ha repetido en las entrevistas realizadas este año en el programa es 'miedo' -puntualizó Fúnez-, pero también otras dos cuestiones que nos hablan de esperanza: "alternativas a la exclusión", respuestas contundentes contra la discriminación, y "supervivientes".

"Los incidentes de odio son actos vergonzantes; en 2018 se notificaron 1.598 en los que se vulneró y pisoteó la dignidad de los seres humanos en España, pero esa cifra también refleja algo muy importante, y es que hubo 1.557 victimizaciones, personas que denunciaron y dieron la cara contra la discriminación. No han permitido ni quieren permitir una sola agresión más, ni una sola vejación más ni amenazas ni insultos". A su juicio, cuando se habla de denunciar se habla muchas veces de victimismo, pero "nadie quiere ser víctima. Hay que poner el foco en el agresor; si no hubiese agresores en nuestra sociedad no habría víctimas".

"Cuando una persona denuncia, estamos hablando de un derecho, de un ejercicio de valentía, se está reflejando la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho, representa que no nos resignamos a vivir en una situación de injusticia y, por supuesto, es un grito de libertad, es un ejercicio de fortalecimiento de la democracia", resaltó. Fúnez apuesta por fortalecer la convivencia en una sociedad en la que compartimos principios, diversidad, riqueza... y defiende que "es peligroso que no fortalezcamos aquello que nos une".

 

CARMEN MARTÍNEZ FERNÁNDEZ.

Directora General de Prevención y Atención frente a la Violencia de Género, Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Madrid.

"Hay que ir más allá de la tolerancia, no se trata de tolerar a la persona diferente, se trata de respetar la diversidad. Es un ejercicio de democracia", subrayó. Insistió en la idea de que se trata de reconocer a la otra persona como sujeto de derechos, igual que nosotros. 

La directora general explicó las distintas áreas de trabajo por la igualdad y diversidad del Ayuntamiento y nos animó a utilizar sus recursos "porque las administraciones públicas están para garantizar los derechos y ponerlos en práctica. El Consistorio madrileño cuenta con 14 espacios de igualdad donde se potencia el avance hacia una igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, visibilizando las brechas de género y trabajando de manera especial con la población joven, y dentro del área de diversidad se trabaja, por ejemplo, con población LGBTi, y se prestan servicios de atención psicológica, jurídica, social o de acompañamiento.

"También se trabaja con mujeres gitanas para intentar corregir todas las discriminaciones que sufren. Mi esfuerzo personal es, sobre todo, con las niñas gitanas, con las menores, para que lleguen a alcanzar un nivel educativo óptimo", añadió. 

 

PAULA GÓMEZ-ANGULO (en representación de la Comunidad de Madrid, que cedió la sala).

Transmitió su felicitación a Mujeres en Igualdad por impulsar una jornada que da voz a otras asociaciones y apuesta por el trabajo en red para compartir experiencias en los respectivos respectivos ámbitos de actuación y de atención.

"Espero que sirva de reflexión para ver de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde tenemos que avanzar. De aquí deben salir unos objetivos conjuntos como sociedad para poder cumplir con todos los retos", puntualizó, al tiempo que desglosó las distintas iniciativas emprendidas en la región a favor del colectivo LGBTI, en la lucha contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual o de la violencia sexual o a favor de las personas mayores. 

"Desde esa escucha, las administraciones públicas tenemos que ser conscientes y capaces de canalizar las reivindicaciones de las asociaciones", apuntó. Son, dijo, las grandes protectoras de las víctimas. Gracias a la escucha con el Tercer Sector se han impulsado recursos tan importantes como el CIMASCAN para mujeres que han sido víctimas de violencia sexual y en breve se va a presentar "el protocolo de asistencia sanitaria a mujeres víctimas de violencia sexual", avanzó.

"En este foro -añadió- se abordará el edadismo y la atención a las personas mayores. A mi juicio es uno de los grandes retos que tiene España. Debe ser una de las prioridades y se debe aprovechar su talento y experiencia".

Gómez-Angulo animó a seguir trabajando en red entre instituciones, asociaciones y empresas y finalizó su intervención con un mensaje en positivo: el odio no tiene la última palabra.

 

MARTA FERNÁNDEZ HERRÁIZ

Fundadora de LesWorking

 

Comenzó su charla abordando el principal reto de las mujeres lesbianas y bisexuales: la falta de visibilidad. "Somos poco visibles en la sociedad, lo que provoca una carencia de referentes. Hay pocas mujeres lesbianas reales que se atrevan a vivir como lesbianas". También conlleva que su imagen esté "muy sexualizada y muy estereotipada". Lesbiana es la palabra más buscada en los portales de porno, "hechos por hombres heterosexuales y dirigidos fundamentalmente a hombres heterosexuales.

Hasta este mismo verano, cuando se buscaba "lesbiana" en Internet nos Google dirigía, en sus primeras entradas, a vídeos de porno lésbico. Gracias a unas activistas lesbianas francesas se ha logrado cambiar el algoritmo y que "ahora las primeras entradas hablen sobre nosotras", destacó Fernández, quien apuntó a que se enfrentan a todos los retos como mujeres pero, además, tienen un doble reto por la orientación sexual. "En los movimientos LGBTi muchas veces estamos invisibilizadas, no se atiende tanto a nuestros requerimientos y estamos en un segundo plano y en los movimientos de mujeres al final no dejamos de ser una minoría, con lo cual nuestras reivindicaciones tampoco se ponen en primera línea". Esta es su realidad. También sufren violencia, al igual que el resto de mujeres, agravada por la orientación sexual. 

Lo que no se ve no existe y eso pasa factura, reconoció. Junto a Kika Fumero lanzó una encuesta en 2017 a la que contestaron más de 5.000 mujeres de España y Latinoamérica y 1.500 de Francia. ¿Qué resultados arrojó? Que más del 60% de mujeres lesbianas en España considera que el hecho de serlo "les ha afectado negativamente en su vida", bien porque les ha costado aceptación personal, porque fueron rechazadas por sus familias, perdieron amigos, tuvieron problemas en el trabajo... En el ámbito laboral la situación es todavía más dramática, casi el 75% ocultan su orientación.

Es uno de los estudios más importantes realizados en el mundo y lo han presentado en el Parlamento europeo. "La realidad es que apenas hay datos, se estudia muy poco a la mujer lesbiana y bisexual", afirmó Marta Fernández. 

Para intentar cambiar esta situación en 2014 creó Lesworking, una red profesional para mujeres lesbianas integrada por más de 1.700 mujeres en un grupo privado en LinkedIn. Forma parte de la red empresarial REDI, que ella codirige y donde ya hay más de 60 empresas comprometidas con la diversidad e inclusión LGBTi, con crear espacios de trabajo inclusivos para todas las personas. Finalizó lanzando su particular carta a las reinas magas y pidió tres cosas: más estudios, más campañas de sensibilización y visibilización y más apoyo a las asociaciones, a todas esas entidades lideradas por mujeres lesbianas y bisexuales que están ayudando a que ninguna mujer se sienta sola.

 

CRISTINA HERNÁNDEZ 

Técnica del área de investigación de Autismo España

 

Detalló qué es el trastorno del espectro del autismo y subrayó la apuesta de la Confederación Autismo España por promover la calidad de vida tanto de las personas con TEA como de sus familiares. Una de sus líneas estrategias es el área de investigación, en el que ella trabaja y donde se desarrollan procedimientos sistemáticos de análisis, búsqueda e indagación de la información y de la situación del colectivo.

En España -destacó- no existen estudios sobre prevalencia a nivel nacional. Los informes internacionales apuntan a que uno de cada 100 nacimientos tiene un trastorno del espectro del autismo. Si lo extrapolamos a datos de la población española, podríamos estar hablando de unas 470.000 personas. Se desconoce cuántas son mujeres. "Antes se decía que era una de cada cuatro casos detectados, ahora vemos que esos datos están cambiando", añadió. 

¿Por qué decidimos hacer un estudio sobre niñas y mujeres con autismo?, apuntó. Para promocionar la igualdad y para conocer cuáles son sus circunstancias y necesidades. "Están invisibilizadas y estereotipadas y se enfrentan a numerosas dificultades y barreras en su día a día". No solo en la esfera pública; también en la esfera privada, en la toma de decisiones sobre su propia vida.

Respecto al diagnóstico, muchas veces los instrumentos de detección no están ajustados a las necesidades de las mujeres y las niñas, en la gran mayoría de casos han recibido diagnósticos previos antes del diagnóstico certero asociados principalmente con trastornos psiquiátricos. También existe un sesgo de género en la práctica profesional debido al desconocimiento sobre las características del TEA. 

En la literatura también se dice que tiene peor percepción sobre su estado de salud, tienen trastornos neurológicos y alteraciones relacionadas con la salud mental, principalmente trastornos de la alimentación, de la personalidad y psiquiátricos como la depresión y la ansiedad. "Muchas veces puede ser debido a esa inadaptacion o a esa dificultad de ser comprendidas socialmente", afirmó Cristina Hernández.

Autismo ha aplicado una metodología mixta de carácter cuantitativo y cualitativo en 10 comunidades autónomas y se ha hecho a través del movimiento asociativo y también a través de particulares. Este estudio se presentará en 2020 y en la charla nos adelantó algunos de los resultados. 

En la confederación se presta mucha atención en la transición a la vida adulta porque detectan escasez de apoyos y recursos una vez que abandonan el sistema educativo. Cuando hay una discapacidad mental asociada, las familias están preocupadas por el exceso de medicación; en muchos casos las revisiones ginecológicas se retrasan o no se realizan y existe una preocupación en las familias por la llegada de la pubertad. También una falta de acuerdo sobre la intervención y el control médico de la fertilidad para prevenir embarazos no deseados. "Es imprescindible su participación activa en la toma de decisiones sobre su propia vida", concluyó. 

 

SAGRA PÉREZ    Adavas León

Esta asociación de atención a víctimas de violencia sexual se creó en 1991 a raíz del caso del violador del chándal, "un individuo que agredió a 18 mujeres. En ese momento se detectó que no se las estaba atendiendo adecuadamente", aclaró la coordinadora de Adavas León. Ahora también atienden a mujeres y menores víctimas por violencia de género.

Según datos sobre violencia sexual de UNICEF, esta provoca "más muertes y lesiones entre las mujeres de 15 a 44 años que el cáncer, la malaria o los accidentes de tráfico", añadió.

Los objetivos de la entidad son la asistencia gratuita y la prevención, a juicio de Sagra Pérez, la gran asignatura pendiente. Respecto al servicio asistencial cuenta con un teléfono de información y asesoramiento en la sede, también con un despacho jurídico en el que se hacen cargo de toda la tramitación legal en caso de que haya una denuncia por violencia sexual, es decir, ejercen la acusación particular y acompañan a la víctima tanto en la denuncia como en el juicio, recursos...

En el gabinete psicológico se presta asistencia a través de terapias individuales, tanto a la víctima como a sus familiares, sobre todo en el caso de menores. Según sus propias estadísticas (de 2014 al 2018), la inmensa mayoría de víctimas son mujeres. Respecto a su edad al conocerse el delito hay una amplia variedad, pero destaca un dato: el 78% son menores. La mayoría de agresiones se cometen en casa, tanto de la víctima como del agresor. 

¿Cuál es la relación de la víctima con el agresor? En el 92% de casos se conocían. En cuanto a la edad del agresor al conocerse el delito, hay un abanico muy amplio, desde los 10 años hasta los 80 años.

Adavas León ha participado en un proyecto Daphne de la Comisión Europea y ha relatado su experiencia en Chipre. También trabaja mucho con las AMPAS y con el personal encargado de atender a las víctimas. 

Pérez subrayó, en cuanto al protocolo de asistencia sanitaria a víctimas de violencia sexual, que estemos en 2019 y "todavía no exista un protocolo estatal". Cada Comunidad Autónoma, cada hospital, incluso cada departamento de un hospital está haciendo su propio protocolo de asistencia y Adavas León defiende la importancia de unificar criterios y de que todo el mundo sepa cómo hacer la derivación y cómo tratar a las víctimas. "Con las noticias de las manadas otra vez empezamos a hablar de violencia sexual y parece que antes no había; sin embargo, siempre ha estado ahí. Hay que trabajar de forma permanente, no solo en oleadas, porque es muy triste que a día de hoy no haya un protocolo de violencia sexual a nivel sanitario, lo mismo que hay uno de violencia de género", argumentó. 

 

APRAMP

Ana Palencia, del equipo técnico de Apramp, destacó su rechazo a cualquier forma de discriminación y, en concreto, a la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

"Llevamos 35 años al lado de las víctimas y de las mujeres prostituidas y explotadas sexualmente, que además sufren una doble discriminación: por un lado la sociedad las rechaza, las mujeres se encuentran sin derechos y muchas veces sin dignidad y, por otro lado, no tienen la facilidad de acceder a sus derechos porque no son reconocidas como víctimas". La asociación atiende anualmente a mujeres de 50 nacionalidades (en 2018 a 1.997 mujeres y abrió 1.284 expedientes).

Afortunadamente, recordó, esta cuestión ya forma parte de la agenda política, pero según Naciones Unidas solo se detecta al 1% de las mujeres víctimas de la explotación sexual y trata. "Cada vez encontramos a más menores de edad; de todas las atenciones cerca de un 15% presentan indicios de ser identificadas como menores. Contamos con un proyecto de unidad móvil que se desplaza a los lugares de explotación". En este caso se trata de un doble delito.

En el foro puso el acento no solo en las mujeres y en la lucha contra su discriminación, sino también en la demanda y en el putero, así como en los controladores y explotadores. "Como sociedad tenemos un compromiso, la prostitución no es el oficio más antiguo del mundo, el oficio más antiguo es la explotación y es mirar hacia otro lado", denunció.

En los últimos años hemos conseguido grandes avances, pero Apramp aboga por seguir llamando a la puerta de los poderes públicos para conseguir una ley de prevención, protección y asistencia que proteja a las víctimas y, sobre todo, les ofrezca alternativas. "Si no contamos con alternativas, con un contrato de trabajo y con mecanismos para su protección y regularización, no lograrán salir de la esclavitud del siglo XXI".

ACC

 

ESTHER PEÑA- ACCEM La responsable del programa de asistencia a víctimas de discriminación por origen étnico/racial detalló el trabajo de Accem, desde hace 30 años, por mejorar la calidad de vida y por el reconocimiento de las libertades y derechos fundamentales en dos colectivos que están en situación de vulnerabilidad: las personas que solicitan protección internacional (refugiados y refugiadas) y las personas migrantes, "que como sabemos tiene un rostro femenino".

"Ahora mismo llevamos prácticamente una década de derecho antidiscriminatorio, disperso en nuestro país por dos directivas europeas que tardaron en incorporarse o el Estatuto de la víctima, que tampoco se conoce. Eso dificulta muchas veces no solo la visibilidad de una condición concreta como es el origen racial o étnico", aclaró la técnica de la entidad, que forma parte de otro programa como es el servicio de asistencia a víctimas de discriminación por origen racial

¿Dificultades? Hay muchas, reconoció. "Tenemos pendiente una legislación a nivel estatal de la Ley de Igualdad de trato y no discriminación; esta discriminación tiene cara de mujer, proliferan las fake news, sobre todo respecto a refugiados...". Peña Fernández también destacó la influencia (en este caso negativa) de las redes sociales y de los medios de comunicación. 

La técnica detalló varios de los últimos casos que han llevado en Accem por delitos de odio y subrayó los elevados índices de infradenuncia. "A veces se tergiversa qué es un delito de odio, muchas veces ni siquiera llegan al tribunal, hay dos líneas jurisprudenciales que son contrapuestas". 

En el servicio de asistencia a víctimas de discriminación, del que forma parte un grupo de organizaciones como CEAR o Accem, elaboran memorias anuales y se contabilizan menos de 1.000 casos en distintos ámbitos referidos a la sanidad, empleo, comedores escolares, reconocimiento de la situación religiosa... "Hay una opacidad enorme", confirma.

A su juicio, es vital no solo la intervención en el asesoramiento, apoyo legal y social, también la sensibilización, formación y capacitación con colectivos o agentes sociales concernidos. "Estamos en una sociedad de acogida. Nuestra ley, que es de 2009, es una de las más pioneras del centro de Europa". 

Accem ha llevado solamente un caso, que "se ha admitido afortunadamente", en una cuestión de derecho de asilo de protección internacional por una cuestión de violencia de género, que también está muy invisibilizada, pero nuestra ley contempla esa posibilidad para otorgar la mayor protección. 

 

ISABEL LORENTE PÉREZ

Letrada coordinadora del servicio de orientación jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

 

"El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) está haciendo muchísimo por las víctimas, lo viene haciendo desde hace muchos años y de forma muy especial y pormenorizada desde que se creó el servicio de orientación jurídica hace tres años", indicó en su intervención. "Para el ICAM las víctimas, no solo de odio, sino todas las víctimas de un delito, eran las gran olvidadas del procedimiento penal y de la sociedad", añadió. Por este motivo activaron toda una serie de medidas para intentar que se cumpliera toda la normativa y, sobre todo, para dar dignidad a su sufrimiento.

Lorente resumió la normativa europea, nacional (Ley 4/2015 del Estatuto de la víctima del delito y Ley 29/2011 de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo) y autonómica. Respecto a la Ley 29/2011, subrayó que era necesario un marco legal puesto que había muchísimas víctimas, sobre todo del atentado del 11M, y era necesario que se regularizaran todos sus derechos y beneficios, sobre todo atendiendo a "esa dignidad que el Estado tenía que tener con ellas". Entendieron que el Estado debía poner todos los medios para que la justicia fuera gratuita en estos casos por el hecho de ser víctimas. 

La principal normativa que tenemos en nuestro país es la Ley de asistencia jurídica gratuita, añadió. "Lo importante es que ha reconocido a determinadas víctimas, y solo a ellas, la justicia gratuita con independencia de sus recursos económicos". Estas víctimas son las víctimas de violencia de género, de terrorismo, de trata de seres humanos, los menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato, y los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, siempre que no fuera el agresor (artículo 2.g). 

Para dar cumplimiento a toda esta normativa, los Colegios de Abogados y, en concreto el de Madrid, que es uno de los más pioneros en la materia, ha creado un servicio de asesoramiento y un sistema de distribución de turnos con guardias permanentes para atender a las víctimas de violencia de género.

El Colegio cuenta con un servicio de orientación jurídica de víctimas, un turno de protección específico a víctimas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, uno de protección a víctima de trata de seres humanos, otro de protección a víctimas de delitos de odio y otro de discriminación por diversidad sexual y de género. 

Respecto a las víctimas de delito, hay una cifra "bastante considerable y en aumento". En el servicio de orientación jurídica dirigido a la protección de víctimas de todo tipo se encuentra el asesoramiento a las víctimas de delitos de odio. "Es un servicio que no deja de crecer y nos estamos dando cuenta de que los juzgados empiezan a tenernos en cuenta", afirma. A su juicio, si esas conductas no están castigadas administrativamente de una forma dura "es muy probable que haya muchas queden completamente impunes". 

Destacó, por último, un grave problema con los menores víctimas de abusos sexuales, acoso y maltrato: "la Administración tiene que empezar a pensar que es un delito muy grave".

 

KAROLINE FERNÁNDEZ DE LA HOZ 

La directora del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia explicó que el Oberaxe depende de la Secretaría de Estado de Migraciones (Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social).

"Las políticas migratorias en España -afirmó- han tenido en cuenta no solo que las personas que llegan puedan tener una vida, unos derechos de ciudadanía y desarrollarse de una forma igualitaria, sino que también es necesario que la población nacional tenga una buena relación y acepte a los nuevos ciudadanos". Por tanto, añadió, hay que trabajar con la ciudadanía nacional en la prevención de esas posibles intolerancias y trabajar también con aquellas personas que puedan ser especialmente vulnerables.

"Este es un interés nacional y de los organismos internacionales porque las situaciones de discriminación y de intolerancia debilitan las sociedades democráticas, debilitan la cohesión de la sociedad y, al final, representan una amenaza para la paz, además de para los problemas individuales de todas las personas", subrayó Fernández de la Hoz.

El Oberaxe ha impulsado un acuerdo para colaborar institucionalmente contra el racismo, la xenofobia, la LGBTIfobia y otras formas de intolerancia, renovado en 2018, en el que participan el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, ocho ministerios, el centro de estudios jurídicos, además de una serie de plataformas de la sociedad civil como observadores. "Nos ha funcionado muy bien y nos está permitiendo trabajar en temas como los delitos de odio, en discurso de odio y en la formación del funcionariado de distintos cuerpos para abrir los ojos y ponerse en el lugar del otro", afirmó.

"Luchar contra los delitos de odio es complicado, apoyar a las víctimas, que se denuncie, tener información adecuada también es difícil y se necesita para poder analizar las situaciones", añadió la directora del Oberaxe. En el ámbito sanitario realizan, a través de Movimiento contra la Intolerancia, seminarios en centros de salud y servicios de urgencias para que los sanitarios sean capaces de identificar un posible delito de odio, utilizando preguntas similares a las que emplea la policía. "Pueden sospechar que hay un delito de odio y hacer dos cosas: remitir a las personas a organizaciones de apoyo y anotarlo en el parte de lesiones". 

Oberaxe lleva años trabajando con el Ministerio del Interior, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y ha generado una cascada de actividades, como la elaboración del protocolo de actuación la policía para los delitos de odio, la modificación del sistema estadístico de criminalidad para que se incluyeran este tipo de delitos, etc. Ahora trabajan también con policías municipales para dotarles de las herramientas necesarias para que puedan ser policías de proximidad.

En uno de sus estudios -añadió Fernández- se recogió lo que piensan los inmigrantes de los españoles y se les preguntaba qué era lo que más valoraban de nuestro país. "Todos valoran mucho los servicios básicos, la sanidad, la educación y, algo importante que se nos olvida, la democracia, las libertades y el Estado de Derecho. Muchas de las personas que vienen de otros países y que sí saben lo que ocurre cuando no lo tienes le dan un valor muy importante". También se les preguntaba si alguna vez habían sufrido alguna situación de discriminación y la mayoría respondió , sobre todo en el mercado laboral o buscando trabajo. 

 

 

MARÍA REGLERO Gender Justice Lead en Oxfam Intermon. La responsable de derechos de las mujeres en la organización destacó la importancia de observar cómo los discursos de odio y estas narrativas están relacionadas con el auge de los grupos antiderechos y los fundamentalismos, que están atacando principalmente a las poblaciones migrantes migradas, a los derechos de las mujeres -específicamente el movimiento de mujeres y feminista- y a las personas con identidades y orientaciones sexuales no binarias, diversas y comunidades queer.

"Es importante -añadió- como un hilo conductor" para enmarcar su presentación. El trabajo de Oxfam se focaliza en el trabajo en derechos de las mujeres y, más específicamente, en todo el trabajo que lleva realizando desde hace 30 años sobre todo en América Latina y Caribe, pero también en otros contextos y regiones por una vida libre de violencias machistas.

"Es un trabajo que se articula tanto para acompañar la incidencia política -para que las leyes y las políticas públicas se implementen-, para luchar contra la impunidad y para que haya un posicionamiento político efectivo de tolerancia cero con presupuestos", aclaró. También hacen trabajo acompañando a organizaciones que prestan apoyo a supervivientes de violencias y un trabajo, que es el que compartió en este foro, de prevención de violencias machistas que se articula a través de una campaña global llamada Enough (Basta!), que adopta diferentes nombres en diferentes países. Su objetivo es prevenir las violencias machistas a través del cambio de creencias, de la transformación de imaginarios y normas sociales.

Los imaginarios -añadió- se construyen a través de los medios de comunicación, de instituciones como el gobierno, el sistema educativo, instituciones religiosas, influencers, la familia... La campaña está implementada de más de 30 países en cocreación con jóvenes y con el movimiento feminista y de mujeres.

Este trabajo se basa en la investigación y el conocimiento para levantar evidencias de cuáles son estos imaginarios. En 2018 se lanzó un estudio en ocho países de América y Caribe entre jóvenes de 15 y 25 años con una encuesta, con grupos de discusión y con entrevistas en profundidad, tanto con chicos, chicas y jóvenes con identidades de género no binarias para ver sus percepciones sobre los derechos de las mujeres, la justicia de género y las violencias. Por ejemplo, entre chicos de 15 a 18 años, un 70% consideraba que cuando hay una agresión sexual o acoso sexual en espacio público, la responsabilidad es de la chica por su forma de vestir.

En general se está haciendo "mucho uso del arte". Reglero citó el ejemplo de la performance surgida en Chile con la canción "Un violador en tu camino". En la campaña Enough se sirven del cine, cómic, murales, teatro... La campaña sitúa también el foco en las masculinidades. "Es muy importante porque hay chicos interesados en cuestionarse cómo se relacionan en su relaciones de pareja, en el contexto de la familia respecto a la división sexual del trabajo o en el trabajo de cuidados no remunerado".

Reglero apuesta por aprender más y compartir aprendizajes sobre cómo usar las redes sociales para seguir denunciando las violencias machistas, por organizarnos "para reconocer e identificar nuevos tipos de violencias en red y desarrollar estrategias y herramientas de autodefensa feminista online".

 

FRANCISCO RAMÍREZ Presidente de la Confederación Colegas LGBTI

Desde Colegas se considera que en la problemática de los delitos de odio hay tres principales problemas: la falta de formación de los operadores jurídicos y policiales, el desconocimiento de la sociedad civil y de los grupos de poblaciones de posibles víctimas y la infradenuncia.

Según la FRA, del 60 al 90% de las víctimas de odio no denuncian nunca este tipo de incidentes; en concreto, dentro del colectivo Lgbti+, la cifra se elevaría al 78%. ¿Por qué no se denuncia? Hay muchos motivos, aseguró, como el "convencimiento de que todo es inútil, que la denuncia no va a servir para nada, una percepción de que son incidentes normales del día a día que las víctimas se intentan minimizar o vivir con ello, la desconfianza o miedo a las instituciones policiales y judiciales...". 

En el caso de las personas migrantes irregulares, el temor a ser expulsados si denuncian este incidente, la vergüenza o el miedo a la intimidad... "Hay muchas personas a las que vivir fuera del armario su orientación sexual todavía les cuesta mucho. También un desconocimiento profundo de los derechos y las leyes existentes, la gente no sabe que puede denunciar los incidentes de odio y discriminación, también puede haber problemas en la comunidad extranjera por el desconocimiento de la lengua", añadió.

Colegas aborda esta cuestión desde el año 2014, cuando emprendió una campaña inédita con la comisaría de la Policía Nacional de Getafe bautizada Usa tus derechos. Este trabajo se trasladó como buenas prácticas al resto de la Comunidad de Madrid y ha influido en cómo se trabaja a nivel nacional, afirmó Ramírez. Colegas creó también en 2014 el Observatorio Español contra la LGBTfobia. Allí realizan un acompañamiento a las víctimas, recopilan las declaraciones literales, reproduciendo los insultos o expresiones que reciben de forma expresa, las acompañan si es necesario a un centro sanitario para que se sometan a un reconocimiento médico y tengan un parte de lesiones que se incluya en la denuncia. "Es muy importante que la denuncia esté argumentada. Les informamos de todos los derechos que tienen como víctimas e intentamos protegerlas de posibles represalias".

Otro proyecto que han iniciado son los llamados puntos arcoiris, de igual forma que existe el punto morado o punto violeta. Ramírez destacó un tema clave: "a pesar de que el Código Penal incluye un agravante de odio los jueces no lo están aplicando o lo están aplicando a cuentagotas. Es una gran decepción; creemos que es necesario que tengamos una ley integral de igualdad de trato y no discriminación".

 

FRANCISCO OLAVARRÍA

 

El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y Dependencia estuvo representado con la presencia y participación de su gerente, Francisco Olavarría.

“Aunque la ley que regula estos delitos de odio no contemple la edad como un agravante, es manifiesto que en una sociedad edadista y gerontofóbica como la nuestra, este rechazo lo vivimos todos y no sólo en el ámbito del trabajo”, destacó. 

Por otra parte, señaló las dobles o las triples discriminaciones que ciertas personas sufren, donde la discriminación relacionada con la edad se ve a menudo agravada por otros motivos de discriminación, como variables de género, la situación socioeconómica, el origen étnico, el estado de salud, su identidad sexual o la confesión religiosa que se profesa.

“El edadismo es la última discriminación por visibilizar, tan así es que ni siquiera aparece con una entrada en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, como sí ocurre con el resto de discriminaciones tratadas durante esta jornada”. Finalizó con una idea: el odio es ignorancia, pero también una torpeza, porque en el caso del edadismo "todos ya somos mayores y víctimas de estos prejuicios que vulneran nuestros derechos y lastiman nuestra salud o la autoestima".

Ana G. Arias

 

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