Tras conocer el fallo de la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra sobre los hechos ocurridos el 7 de julio de 2016 en Pamplona, el caso de “La Manada”, en la que, con un voto particular en contra de lo decidido por la mayoría del Tribunal y ha resultado determinante para que se dicte una sentencia que adolece de objetividad con una pena de nueve años a los acusados al considerar los hechos como un delito de agresión sexual continuado, en lugar de delito de violación, como pedía la Fiscalía, desde la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad manifestamos:
1. Nuestra solidaridad y apoyo a la víctima, a sus familiares y allegados; Mujeres en Igualdad siempre está cerca de las víctimas.
2. Nuestro rechazo y condena a cualquier tipo de agresión sexista contra las mujeres, es decir, a todas las formas de violencia, recogidas en el Convenio de Estambul que España firmó en el año 2014 y que supongan una limitación de su plena libertad y el ejercicio de sus derechos, entre los cuales se encuentra el de la libertad sexual.
3. Respetamos y acatamos, como no puede ser de otra manera, todas las sentencias dictadas desde el Poder Judicial. Pero, desde el máximo respeto, mostramos nuestro desacuerdo con el fallo de la sentencia, particularmente con la calificación de los hechos como un delito continuado de abuso sexual. En este sentido, apoyamos la postura del Ministerio Fiscal, que ya ha anunciado el recurso contra dicha sentencia y confiamos que en los sucesivos recursos ante el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo se modifique esa calificación jurídica.
4. Defendemos que la justicia debe reconocer los delitos contra las mujeres desde la defensa de sus derechos y no desde el cuestionamiento de las víctimas y sus testimonios.
5. Desde la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad reafirmamos nuestro compromiso en la defensa de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, erradicando todos aquellos obstáculos que mermen los derechos de las mujeres y supongan situaciones de desigualdad. La diferencia no implica desigualdad, sino diversidad y debemos dar respuesta desde todos los ámbitos incluido el judicial.
6. Reclamamos al poder legislativo un compromiso real y firme para abordar las reformas necesarias para que no vuelvan a darse situaciones como éstas, ya que el sistema judicial debe proteger todos y cada uno de nuestros derechos, así como su ejercicio.
7. Demandamos el cumplimento íntegro del Convenio de Estambul, tal y como se señala en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, firmado en diciembre del 2017. Nuestro Código Penal debe responder a la realidad de la sociedad española y proteger los derechos y libertades alcanzados por las mujeres. Por ello, apostamos por reformas que entiendan que la falta de resistencia en las agresiones sexuales no se considera consentimiento, como ya ocurre en otros países de la Unión Europea.
