LARAZON-10/06/2009-R.PEIRÓ (VALENCIA)
Alertan del uso de la píldora postcoital como anticonceptivo
La futura ley del aborto sigue sin convencer a ciertos sectores de la medicina que ven en ella ciertas lagunas.
El hospital Clínico de Valencia, en el «ranking» de los diez centros de la Comunitat con mayor volumen de trabajo, realiza cada año cerca de 1.800 interrupciones voluntarias del embarazo, es decir, unas 150 cada mes. De esos abortos, media docena se practican a menores. Y de ellas, un diez por ciento se volverá a encontrar en la misma situación. Así lo explica el jefe del departamento de obstetricia y ginecología de este centro hospitalario, Fernando Bonilla-Musoles, quien lamenta que los fallos en el sistema de formación e información conviertan a estas jóvenes en reincidentes de la que no deja ser una intervención con ciertos riesgos.
El también profesor reconoce que él se acoge a la objeción de conciencia, pero que el aborto es «legal, un derecho de las mujeres y además los hospitales están preparados», por lo que entiende que los centros públicos los practiquen.
En el lado contrario se encuentran los veinte partos «de niñas de 13, 14 y 15 años» que en lo que va de año han optado por dar a luz en este hospital valenciano, «una decisión que han consensuado con sus padres».
Pastillas cada cuatro días
En cuanto a la dispensación de la píldora postcoital recuerda que no se trata de un método abortivo, sino de un sistema de urgencia que se toma cuando han fallado otros y cuando el feto aún no se ha implantado. No obstante, admite que «prácticamente no tiene efectos secundarios», pero que se trata de una dosis de 1.500 miligramos de progesterona que en el cuerpo de una niña de quince años resulta más invasiva. «Sin receta no deberíamos dar ni una aspirina», enfatiza. Sin embargo, desde la experiencia que le otorgan sus años al frente de este departamento ha visto cómo son muchas las jóvenes «que cada cuatro días recurren a esta pastilla».
Bonilla-Musoles no confía en que la ley que prepara el Gobierno central salga adelante, pero vaticina que, en caso de que así fuera, podrían volverse a dar situaciones como las que se vivieron en la España de los años sesenta y setenta, cuando las mujeres se veían obligadas a viajar al extranjero para interrumpir el embarazo, pero en esta ocasión las migraciones serían hacia los hospitales valencianos, «donde se podría abortar hasta las catorce semanas» sin necesidad de acogerse a ningún supuesto, provocando así un «turismo del aborto». Además, la futura ley autoriza a las jóvenes de 16 y 17 años tomar esa decisión sin necesidad de autorización paterna.