Los condenados por violencia de género podrán ser sometidos a vigilancia durante un periodo de entre tres y cinco años después de salir de la cárcel y, si incumplen las medidas de alejamiento respecto de la víctima, podrán acordarse prórrogas de esa libertad vigilada de hasta cinco años.
En una entrevista en ABC, el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, ha concretado esta medida de la Estrategia Nacional contra la Violencia de Género, que se incluye en la reforma del Código Penal que ultima el Ministerio de Justicia y que, según calcula Moreno, podría entrar en vigor entre septiembre y diciembre de este año.
"Para que se imponga esta libertad vigilada, el sujeto tiene que haber sido ya condenado y tener una pena de más de un año. Se impondrá como requisito que el agresor salga de la cárcel y que sea peligroso", ha explicado el secretario de Estado. La medida pretende "reforzar los sistemas de protección a las víctimas y a sus familiares, especialmente a los hijos", ha detallado Moreno.
Como ya adelantó EL PAÍS el pasado 24 de mayo, el juez tendrá la potestad de imponer a los excarcelados por delitos machistas la obligación de presentarse periódicamente en el lugar que el tribunal establezca, de comunicar cada cambio de residencia y puesto de trabajo o de estar siempre localizables mediante aparatos electrónicos. Además, los agresores peligrosos no podrán acercarse a la víctima cuando salgan de prisión, ni al domicilio de esta, su centro de trabajo o cualquier lugar que frecuente.
El condenado —que tiene prohibido el uso de cualquier tipo de armas, incluso las blancas— deberá fijar y comunicar un lugar de residencia y no podrá abandonarlo sin la autorización previa de las autoridades penitenciarias. Asimismo, tendrá que comparecer de forma periódica en los servicios de gestión de penas y acudir a programas de carácter cívico.
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