La Xunta se personará como acusación popular en todos los casos de muerte por violencia machista

El Gobierno gallego se personará como acusación popular, a partir de ahora, en todos los casos de violencia machista que se registren en la comunidad en los que haya víctimas mortales. El objetivo, ha explicado el vicepresidente, Alfonso Rueda, es asumir "un papel aún más activo" en la lucha contra esta lacra mediante el ejercicio de la acción penal.
 
Al término de la reunión semanal del Consejo de la Xunta, que ha presidido este jueves, Rueda ha incidido en que la violencia machista es "una lacra social" a cuya "erradicación" deben contribuir "todos" los agentes sociales. En este escenario, ha subrayado que el paso acordado por el Gobierno gallego es "importante".
 
"Que no se pierda un sólo minuto", ha defendido Rueda, quien también ha apelado a la necesidad de garantizar "una adecuada coordinación" y agilidad en las actuaciones.

En su intervención, ha agregado que Galicia es la cuarta comunidad, tras Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León, que toma la decisión de personarse en este tipo de causas, aunque hay más autonomías que prevén dar el paso.
 
En la misma línea, ha señalado que éste es "un paso más" en la búsqueda de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en el marco del plan que, sobre esta materia, ha aprobado el Ejecutivo autonómico este mismo año.

Con un presupuesto de más de 220 millones de euros, este plan recoge más de 300 actuaciones, en las que la prioridad es la lucha contra la violencia machista.

PROTOCOLO
 
Conforme a la decisión adoptada, cada vez que la Secretaría General de Igualdad tenga constancia de una muerte por violencia de género dará traslado inmediato de "toda" la información, de acuerdo con un protocolo que queda aprobado por la Asesoría Jurídica que preparará, también de forma inmediato, la personación.  
 
Además, la Secretaría General de Igualdad se encargará de recaudar toda la información posible sobre los casos de este tipo de violencia, también de forma inmediata y protocolizada, para activar, si es necesario, los recursos que se puedan necesitar, por ejemplo, en apoyo a menores, atención psicológica y ayudas económicas.
 
"Esta decisión será trasladada al Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) y a la Delegación del Gobierno para su conocimiento y para garantizar esa adecuada coordinación y agilidad en las actuaciones", ha concluido.