La Policía Nacional protege a 82 maltratadas y arrestó este año a 32 agresores por acercarse a ellas

La Policía Nacional de Lugo protege actualmente a 82 maltratadas y detuvo en lo que va de año a 32 agresores que se saltaron la orden de alejamiento para acercarse a ellas. Se trata de las mujeres adscritas a la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección contra los Malos Tratos (Upap) de la comisaría lucense, un servicio que atiende a las víctimas las veinticuatro horas del día y que se convierte a menudo en su tabla de salvación.
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Desde su creación en el año 2003, la Upap siguió su marcha bajo la batuta del inspector jefe Benigno López García, quien conoce a la perfección el sufrimiento por el que atraviesan las víctimas de la violencia machista. «En la mayoría de los casos se deciden a denunciar cuando ya están en una situación límite. Muchas veces llegan destrozadas y lo peor de todo, lo más duro, es cuando hay niños que presencian las agresiones», comenta.

Funciones
En cuanto una mujer llega a la comisaría de la Policía Nacional para denunciar un caso de malos tratos entra en contacto con la Upap, que la informa de todas las opciones que tiene a su disposición. «Le facilitamos un impreso para que solicite una orden de alejamiento, le explicamos las medidas de autoprotección que debe adoptar -como cambiar la cerradura de la puerta de acceso a la vivienda-, y la ponemos en contacto con la casa de la mujer o con las administraciones que gestionan los pisos de acogida», explica el inspector jefe.

El contacto policial con la mujer maltratada comienza así con una entrevista en la que se valora su situación y se recaban datos de interés, tanto de la víctima como del agresor, que se recogen en una ficha personal. De este modo, una de las principales ventajas que aporta el programa es que la mujer recibe una atención «totalmente personalizada», ya que desde que se incorpora a la unidad se le asigna un agente, que será la persona con la que se ponga en contacto en caso de problemas.

Cada policía tiene un teléfono móvil al que puede llamar las veinticuatro horas del día. De hecho, en el transcurso de esta entrevista, Benigno López recibió la llamada de una víctima a la que iban a ingresar en el hospital y temía que su agresor tuviera conocimiento de esta circunstancia a través de otros familiares y se presentara en el centro. El inspector jefe le recomendó que alertara al personal sanitario de la planta y ordenó a los agentes que hicieran pasadas a distintas horas por el hospital.

Además de atender las llamadas telefónicas, la función de cada agente es establecer un contacto permanente con las mujeres que le son asignadas, hacer un seguimiento de su situación y acompañarlas a juicios o en circunstancias en las que puedan estar en peligro. «Hoy mismo hay una patrulla en la sede judicial porque una víctima tenía que ir a declarar y se iba a cruzar con su agresor por primera vez desde que lo denunció», apunta.

Tal y como explica Benigno López, cuando una mujer llama a la Upap es porque existe un riesgo real. «No suele haber falsas alarmas, aunque en algunos casos los encuentros entre víctima y agresor son casuales y el hombre se marcha inmediatamente del lugar en cuanto ve a la denunciante, que aun así alerta a la Policía por lo que pueda suceder».

Otra llamada que interrumpe la entrevista corrobora este tipo de situaciones. En ella, una mujer asegura que acaba de salir del supermercado y que su ex marido se encuentra a menos de 300 metros del portal de su casa. La Policía acudió al lugar y comprobó que estaba a unos 500 metros de la vivienda y que esperaba a un amigo. En cuanto éste llegó, ambos abandonaron el lugar.

Riesgo
Para valorar el nivel de riesgo de cada mujer se utiliza un programa informático que se actualiza constantemente. «Cuando el riesgo es extremo, el agente se pone en contacto con la víctima cada 72 horas, mientras que si es alto lo hace cada siete días», explica el inspector jefe. Este control se va espaciando conforme se desciende a nivel medio o bajo, «ya que hay que pensar que muchas veces las víctimas son reacias a estar controladas constantemente», explica. De hecho, ninguna de las 82 mujeres adscritas a la Upap solicitó el servicio ‘Localízame’, que permite a la Policía controlar su ubicación en todo momento por GPS.

Actualmente, en la provincia de Lugo hay asignados seis teléfonos de marcación rápida y tres maltratadores están controlados con pulseras GPS, un dispositivo que se coloca por orden judicial en casos de alto riesgo.