El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado "con toda rotundidad" que la reforma del Código Penal, actualmente en tramitación parlamentaria, no va a legalizar el proxenetismo, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en respuesta a la diputada del PSOE, Ángeles Álvarez, quien le ha cuestionado sobre si el Gobierno va a legalizar estas prácticas en la citada reforma.
Álvarez ha denunciado en más de una ocasión que al haber modificado la redacción del Código Penal se ha abierto la puerta a la legalización de estas prácticas, así como a los grandes burdeles donde se llevan a cabo y a las mafias que las sustentan.
Entre otros puntos critica que se haya eliminado del redactado la mención a la 'explotación sexual', además de que se disponen dos condicionantes para que el proxeneta sea castigado, con penas de prisión de dos a cuatro años y multas de 12 a 24 meses, aun cuando exista el consentimiento de la misma.
En concreto, se establece en la nueva redacción qué sólo serán punibles estas situaciones cuando la víctima "se encuentre en una situación de dependencia personal y económica, que no le deje otra alternativa, real o aceptable, que el ejercicio de la prostitución", o el hecho de que "se impongan para su ejercicio condiciones gravosas o desproporcionadas o abusivas".
A su juicio de la socialista, es "casi imposible" probar estas situaciones y por ello ha reclamado al ministro un acuerdo para acabar con los abusos y la explotación de la prostitución ajena. "Su reforma no es el camino", ha sentenciado.
EL PSOE ESTÁ EQUIVOCADO
En este sentido, el ministro ha advertido a la diputada del PSOE que estar equivocada con estas afirmaciones, y se ha remitido al debate que tuvo lugar en la Cámara Baja la semana pasada sobre el Código Penal, donde ningún grupo de la oposición, ni siquiera el PSOE, denunció este aspecto sobre la reforma del Código Penal.
Gallardón ha apuntado que, según datos del Instituto de la Mujer, 300.000 personas ejercen la prostitución en España y, de éstas, un 5 por ciento sólo lo hacen con plena voluntad, es decir, "285.000 mujeres ejercen la prostitución en contra de su voluntad".
Es más, ha recordado que, según la Memoria de la Fiscalía del año pasado, sólo hubo 10 condenas por proxenetismo porque el tipo penal ahora exige que haya una situación de explotación, que se acredita en juicio con un testimonio incriminatorio de la mujer obligada a ejercer la prostitución, que por la presión del proxeneta, jamás se va a personar en juicio para declarar en contra de él.
Así, ha defendido que en el proyecto del Código Penal, en lugar de poner la pena de 2 a 4 años a quien se lucre explotando (es necesario acreditar la situación de explotación), se sustituye por un elemento objetivo para condenar al proxeneta, que se lucre de la prostitución ejercida por una persona cuando se encuentre en una situación de dependencia personal.
"Nunca será necesario que las mujeres tengan que prestar su testimonio, ni necesario que se tengan que liberar de la presión del proxeneta, bastará con que se acredite la situación objetiva. Créame, alguien le ha engañado pero si hay 300.000 personas ejerciendo la prostitución y sólo hubo diez condenas el año pasado, usted y yo estamos obligados a cambiar el Código Penal y castigar a los proxenetas", ha concluido el responsable de Justicia.
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