El peligro en la vida de la madre deberá "acreditarse" en la nueva ley del aborto

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha afirmado que el actual sistema de plazos presente en la Ley de Interrupción del Embarazo se sustituirá por un "sistema de indicaciones", en cual se prohibirá el aborto eugenésico por discapacidad del feto y donde el peligro sobre la salud física o psíquica de la mujer deberá acreditarse. "No será una mera declaración, sino una constatación", ha añadido.
 
En el Foro de La Razón, Gallardón ha expresado su malestar con la actual Ley del Aborto y ha adelantado que "muy pronto" se presentará la nueva normativa para resolver un "asunto de esta gravedad" habida cuenta de que el Gobierno ha escuchado a todos los sectores implicados. 
 
Según ha recordado, el Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre la interrupción del embarazo y estableció que el 'nasciturus' es un bien protegido, que la vida humana tiene relevancia desde su concepción y que su protección no es absoluta cuando entra en conflicto con otros derechos. "Es un sistema de indicaciones, no de plazos", ha dicho.
 
En esta línea, ha avanzado que el peligro sobre la salud física y psíquica de la madre no debe ser entendido como un "pretexto" y, en consecuencia, el nuevo articulado contempla mecanismos para que esa condición se "cumpla y acredite". "En supuestos de conflicto de derechos, se acreditará ese conflicto y que no sea solo una mera declaración, sino una auténtica constatación", ha remachado.
 
ABORTO EUGENÉSICO POR DISCAPACIDAD
 
Ha aludido a los mecanismos de información de los que dispondrá la mujer a la hora de decidir sobre la interrupción de su embarazo y ha adelantado que el aborto eugenésico por razón de discapacidad es "incompatible" con el proyecto del Gobierno y la posición de las Naciones Unidas.
 
"La vida no es una concesión graciosa, sino un derecho inalienable que no se ve reducido por razón de discapacidad y no puede restarse protección a un proyecto de vida como consecuencia de una discapacidad", ha señalado.
 
El Ejecutivo también se muestra contrario a que los menores de edad puedan interrumpir su estado de gestación, mientras defiende la necesidad de regular la objeción de conciencia de los médicos.