La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso aprobará este miércoles una proposición no de ley del PP que insta al Gobierno a promover una mayor coordinación en la protección de los niños que sufren malos tratos, mediante la aprobación de medidas como la elaboración de un protocolo único de actuación para estos casos.
La iniciativa, será aprobada puesto que la promueve el PP, que cuenta con mayoría absoluta en el arco parlamentario, reclama al Ejecutivo "actualizar y difundir", en colaboración con las comunidades autónomas, un protocolo de actuación, unificando las hojas de notificación específicas, para actuar de manera clara y simplificada en los casos de maltrato infantil, incluidos los menores víctimas de violencia de género".
Asimismo, propone al Gobierno que trabaje con las diferentes administraciones públicas para "unificar los conceptos de detección, valoración, intervención, tratamiento y seguimiento de los casos de maltrato infantil", y le solicita que "apoye la formación de los profesionales del ámbito sanitario, educativo, social y judicial para que dispongan de las herramientas y habilidades necesarias para la detección efectiva de los casos".
UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA
El Grupo Parlamentario Popular recuerda que el maltrato infantil es "a todas luces, un problema de salud pública que como tal debe ser abordado" e incide en que "existen todavía muchos casos" que no son detectados y, por tanto, no se pueden abordar. "Son muchos los ámbitos en los cuales se puede detectar la existencia del maltrato infringido a un menor, el familiar, extrafamiliar, institucional o social, y es tarea de todos y muy especialmente de los poderes públicos el acabar con esta horrible manifestación de violencia", reza la exposición de motivos.
Asimismo, destaca que "cada día, son más comunes desgraciadamente los episodios de maltrato originados por menores contra sus propios compañeros, y esto supone un fracaso del sistema educativo y de la sociedad en general, pues significa que aún en estos días se entiende la violencia como método para resolver conflictos y así es transmitido a los menores, que la ejercen también como método de resolución".
Esta propuesta llega al Congreso días después de que el Consejo de Ministros diera luz verde al II Plan Nacional de Infancia y Adolescencia, que incluye 125 medidas que van desde la sensibilización hasta la promoción de la salud, estará vigente hasta 2016 y contará con una dotación presupuestaria estimada en 5.159 millones de euros a aportar por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las comunidades autónomas y las entidades locales.
Las medidas más relevantes conllevarán una modificación normativa, a través de una Ley Orgánica para actualizar la legislación sobre protección a la infancia. La modificación afectará a once leyes, entre las que destacan el Código Civil y la Ley de Protección Jurídica del Menor, la Ley Integral de Violencia Género. Además, como novedad, el Gobierno incorporará un informe sobre el impacto en la infancia en todos los proyectos de ley y de reglamento, de la misma manera que ya ocurre con el impacto de género.
Así, el Plan considerará a los hijos de mujeres maltratadas como víctimas de violencia de género y procurará que estos permanezcan con su madre; incluirá un Registro Unificado de Maltrato Infantil y de Casos de Explotación Sexual; promoverá el acogimiento familiar en lugar del residencial para menores en situación de desamparo; y elevará la edad para contraer matrimonio de 14 a 16 años, entre otras medidas. Además, contempla que los pacientes menores puedan permanecer en las unidades pediátricas hasta los 18 años y no hasta los 14, como hasta ahora.
PERSONAS DEPENDIENTES: SIN TASAS Y MAYOR ATENCIÓN
La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales debatirá y votará igualmente una propuesta del PSOE para que las personas con dependencia queden exentas del pago de tasas judiciales, otra de CiU para mejorar la atención a los menores de tres años en situación de dependencia.
En concreto, los nacionalistas catalanes solicitan al Gobierno la aprobación "de forma urgente" y, de acuerdo con las comunidades autónomas, de un Plan integral de atención a menores de tres años en situación de dependencia, al objeto de facilitar su atención temprana y rehabilitación de sus capacidades físicas, mentales e intelectuales, que piden que vaya acompañado de la correspondiente dotación presupuestaria por parte de la Administración Central a las comunidades autónomas.
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