Aído concedió a su pueblo 200.000 euros en ayudas de Igualdad y no lo justificó

INTERECONOMIA.COM-20/05/2011-ÁNGEL COLLADO

Demoledor informe del Tribunal de Cuentas

 El Instituto de la Juventud repartió un total 3,6 millones con destino a “espacios para la creación joven”. Cinco localidades de Cádiz, incluida Alcalá de los Gazules, aparecen entre las principales beneficiadas.

La rendición de cuentas de los departamentos dirigidos por Bibiana Aído como ministra de Igualdad –ahora rebajada a secretaria de Estado– es tan innovadora como el título de sus cargos. El Tribunal de Cuentas ha remitido al Congreso un informe de fiscalización del Instituto de la Juventud en el que anota el desconcierto ante el único dato que ha recibido sobre la plantilla del organismo: la distribución por sexo de los 137 funcionarios/as y los 48 contratados/as como personal laboral. Hay dos mujeres por cada hombre.

Sin embargo, falta la información que interesa al máximo órgano fiscalizador del Estado, como son las funciones, la titulación, los niveles de complemento de destino o las retribuciones. Además, el Injuve no aclara cómo ha gastado 3,6 millones de euros en “Espacios para la Creación Joven” y entre los convenios “espaciales” sin justificar está uno de 200.000 euros con el Ayuntamiento de la localidad gaditana de Alcalá de los Gazules, el pueblo de la ministra.

El Tribunal de Cuentas ha necesitado 74 folios para dar cuenta al Congreso del cúmulo de dudas, irregularidades, apreciaciones contables, lagunas formales, denuncias por falta de información y transparencia en los concursos o recomendaciones que le suscita la gestión del Injuve en los ejercicios de 2008 y 2009, sólo en la distribución de 21,6 millones de euros por medio de 115 convenios y 57 contratos. El máximo órgano fiscalizador insiste al Gobierno en que aclare la fórmula aplicada para repartir esas subvenciones y denuncia “la escasa o nula actividad de las comisiones de seguimiento y control de los convenios”.

Una gran lasitud en los procedimientos

El informe constata una obsesión por cumplir con el principio de la “igualdad de género” y una gran lasitud en los procedimientos empleados en el gasto de dinero público. El periodo ahora fiscalizado abarca la etapa en que Aído fue ministra de Igualdad, entre abril de 2008 y octubre de 2010, cuando Zapatero decidió dejar el ministerio en una secretaría de Estado dentro de Sanidad, departamento que pasó a estar dirigido por Leire Pajín.

El Tribunal de Cuentas es especialmente crítico con los convenios firmados durante esa etapa por el Injuve con un Gobierno autonómico, el tripartito catalán, y un total de 25 ayuntamientos, casi todos en manos del PSOE, con el objetivo de organizar “espacios para la creación joven”. A lo ambiguo del objetivo se suma el nulo control posterior de los 3,6 millones distribuidos. También es peculiar el reparto. De los 8.100 ayuntamientos que hay en España, el convenio alcanzó a 25, y, de esa cifra, nada menos que 5, el 20%, están en la provincia de Cádiz, que resulta ser la de origen de la entonces ministra de Igualdad.

En el ejercicio de 2008, nada más llegar Aído al cargo, el Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules, su pueblo, recibió 200.000 euros para los “espacios juveniles”. El Injuve reconoce en sus alegaciones dirigidas al Tribunal de Cuentas que no puede justificar lo gastado, culpa al consistorio de la falta de datos y aduce que ha vuelto a pedir los datos. Al año siguiente también recibieron dinero por ese convenio otras cuatro localidades gaditanas: Jerez de la Frontera (300.000 euros), Algeciras (120.000), Zahara de la Sierra (90.000) y Nueva Jarilla de Jerez de la Frontera (12.000).

En total, una quinta parte de los fondos repartidos por el Injuve se quedaron en la provincia de Cádiz. “Con carácter general, excepto convenios con Comunidades Autónomas, no hay publicidad o anuncio oficial de los convenios suscritos por el Injuve”. Es otra de las denuncias del Tribunal sobre la gestión del Instituto, junto con la falta de justificación de gastos y las dudas sobre la aplicación de los fondos previstos en los convenios.

En el capítulo de “igualdad”, el órgano fiscalizador advierte al Injuve de que para informar sobre su plantilla debe desagregar, “no sólo en función del sexo, sino también en función de cada distinto grupo de titulación, del nivel de complemento de destino y de las retribuciones promediadas de su personal”. Es el cuadro más claro (y simple) que aporta el organismo fiscalizado: sendas tartas con el porcentaje de mujeres (72%) y hombres (28%) que hay entre sus funcionarios. Sobre el personal laboral aporta otra tarta: 43% mujeres, 57% hombres. En resumen, el número de mujeres triplica al de hombres. Si fuera una lista electoral sería ilegal y resultaría anulada según la ley de paridad aprobada por Zapatero.

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