Un estudio demuestra que el apoyo de las instituciones es clave para que una mujer no retire una denuncia por maltrato

Un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad de Sevilla demuestra que el apoyo de las instituciones es fundamental para que una mujer no retire una denuncia por maltrato. De hecho, los resultados de esta investigación predicen que podrían predecirse el 80% de las renuncias, pudiendo actuar antes de que abandonen el proceso judicial.

Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en los últimos años en torno a un 88% de las mujeres acaban el procedimiento judicial tras una denuncia por violencia de género. No obstante, aún existe un 12% que no lo hacen. Para poder reducir esta ratio denuncias/renuncias es fundamental obtener datos empíricos objetivos sobre cuáles son estos motivos que llevan a estas mujeres a renunciar al proceso judicial y, en la medida de lo posible, poder llegar a predecir este comportamiento para poder actuar con grupos de mujeres que, en función de ellos, se encuentre en una situación de especial vulnerabilidad.

Este ha sido el objetivo de la investigación realizada por un equipo de investigación formado en su mayoría por  profesores del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Sevilla, dirigido por Mª Jesús Cala Carrillo y subvencionado por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de la Presidencia e Igualdad, Instituto Andaluz de la Mujer .

Según este estudio, con sólo cinco variables se podría predecir el 80% de las renuncias. En primer lugar se detecta que aquéllas mujeres que manifiestan que ‘piensan volver con el agresor’ tienen una probabilidad de retirar la denuncia ocho veces superior a la de las mujeres que dicen no tener intención de hacerlo. En segundo lugar, el sentimiento de culpa también es un factor relevante para predecir la eventual retirada de las denuncias. Aquellas mujeres que ‘se sienten culpables’ por haber denunciado al maltratador tienen un riesgo de retirar la denuncia un 12% mayor que las que no se sienten culpables. “La culpabilidad aparece cuando se transgrede una norma social, y esto puede ocurrir en las mujeres cuando denuncian a su pareja o expareja, que puede ser el padre de sus hijos, y que temen que ingrese en prisión”, explica Mª Jesús Cala.

Con respecto a las variables relacionadas con el proceso judicial, se encuentran efectos significativos de tres de ellas: la solicitud y la concesión o no de orden de protección y el acompañamiento por parte de los abogados. Con respecto a las dos primeras, este estudio pone de manifiesto la importancia de las ‘órdenes de protección’. En particular, la concesión o no de dicha orden una vez solicitada. La no concesión de ésta multiplica por 3,57 la probabilidad de renuncia. En los casos en que las mujeres las solicitan y no se conceden, éstas quedan en una situación de desamparo (a la vez que el maltratador se siente empoderado) que las puede llevar a retirar la denuncia.

También resulta fundamental que las mujeres puedan decidir presentar la denuncia con la ‘asistencia de un abogado’. En los casos en que las decisiones a lo largo del proceso judicial se toman o bien por las mujeres solas o por los abogados solos la probabilidad de renuncia se multiplica por más de 4 en ambos casos. “Es muy importante que los abogados o abogadas asesoren y mantengan informadas  a las mujeres  y que éstas también se sientan parte del proceso, máxime si tenemos en cuanta que el 74% de las mujeres manifestaron que conocían muy poco del sistema judicial cuando se inició el proceso”, señala la responsable del estudio.

El último tipo de factores considerados son los relativos al ‘apoyo psicológico’ proporcionado a las mujeres antes de la denuncia y durante el proceso. De nuevo los datos avalan claramente la importancia de este factor, incluido también en el modelo predictivo. Aquéllas mujeres que no tienen apoyo psicológico por parte de los servicios sociales durante su periplo judicial tienen un riesgo 2,92 veces superior de abandonar el proceso que las que sí lo tienen. Esto se puede deber, según la profesora Cala, al enfoque integral que adoptan en sus intervenciones, ofreciendo herramientas de afrontamiento, redes de apoyo y acompañamiento durante el proceso, activando los recursos personales y del entorno, que “les ayuda a tomar la decisión de manera meditada y a mantenerla”.

Este modelo predictivo pretende en un última instancia convertirse en un instrumento que permita anticiparse a esos casos en los que es previsible que la denuncia sea retirada, orientando la intervención con el objetivo de ayudar y acompañar a las mujeres a lo largo de todo el proceso judicial y así luchar por erradicar ese 12% de mujeres que no quieren o no pueden mantener las denuncias contra sus maltratadores.