EUROPAPRESS.ES-27/05/2009
Menos de la mitad de los juzgados de violencia de género tienen cerca una Unidad de Valoración Forense Integral
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera "difícil entender el escasísimo desarrollo" que han tenido los brazaletes electrónicos de localización GPS para la protección de las víctimas de violencia de género, según se desprende de un sondeo entre los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM) publicado en la memoria anual de la institución correspondiente a 2008.
El estudio se realizó a lo largo del año pasado y en él participó el 88,43 por ciento de los titulares de JVM, es decir, un total de 405 órganos jurisdiccionales de los 458 que existían en el momento de realizar el sondeo, lo que otorga un "elevadísimo nivel de fiabilidad" a los resultados, según el CGPJ.
Según sus conclusiones, "sólo" 39 de los 405 JVM sondeados, un 9,63 por ciento, cuenta con brazaletes o pulseras electrónicas para la protección de las víctimas. De ellos, 22 son juzgados exclusivos y 17 compatibles.
Por eso, el CGPJ considera que "resulta difícil entender el escasísimo desarrollo de este recurso a fecha actual", ya que se trata de un instrumento "que contribuye de forma fundamental a la seguridad de las víctimas al permitir detectar con antelación la presencia en el radio geográfico que le viene prohibido al agresor" por una orden de alejamiento.
Otro de los resultados del estudio señala que menos de la mitad (41,23%) de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM) cuentan con Unidades de Valoración Forense Integral en su misma provincia y sólo en un 11,36 por ciento de los casos tienen una de estas unidades en el mismo partido judicial.
En los supuestos en que estas Unidades radican en la provincia, en un 17,5 por ciento de los casos se encuentran a menos de 50 kilómetros del juzgado, mientras que un 15,5 por ciento están a una distancia de entre 50 y 100 kilómetros y el 7,6 por ciento restante, se encuentra a más de cien kilómetros.
Para la institución, resulta "imprescindible generalizar las Unidades de Valoración Forense Integral, puestas en funcionamiento a tres años de aplicación de la Ley Integral al servicio sólo de la mitad de los JVM y garantizar que los informes sean integrales, a cuyo efecto deberán examinar en todos los casos a las víctimas, a los presuntos agresores y a los menores".
En concreto, señala que el plazo medio que se invierte en remitir a los juzgados los informes que emiten es de menos de 15 días en el 14,8 por ciento de los JVM. No obstante, en un 11,85 por ciento de ellos el proceso puede prolongarse hasta dos meses y en el 10,8 por ciento de los juzgados, tarda más de tres meses.
OFICINAS, PSICÓLOGOS, FORENSES Y FISCALES
Otra de las carencias que revela el estudio se refiere a la dotación de personal en el turno de asistencia letrada para las víctimas de violencia de género porque a nivel nacional, un 51,6% tienen este turno para el partido judicial, mientras que el 39% lo comparte con otros partidos.
Las encuestas señalan que menos de la mitad de los JVM (un 40,49%) cuentan con Oficinas de Atención a las Víctimas en el partido judicial. Cuando se distingue entre juzgados exclusivos o compatibles, el porcentaje asciende al 86,67 por ciento en el primer caso y se reduce al 30 por ciento, en el segundo.
Además, el informe apunta que "sólo un 33,8%" de los órganos tienen dependencias reservadas para las víctimas, cuando se trata de una previsión legal. "Resulta imprescindible que las Administraciones responsables de la dotación de medios materiales para la Administración de Justicia adopten de inmediato las medidas oportunas para habilitar dichas dependencias", explica el CGPJ.
Asimismo, el estudio señala que el 62 por ciento de los JVM cuentan con equipos psicosociales en su misma provincia y un 21,68 por ciento tiene disponible este servicio en su partido judicial. En el caso de los juzgados exclusivos, el 68 por ciento dispone de estos equipos en su partido judicial, frente al 11,52 por ciento de los compatibles.
El CGPJ expone también que menos del diez por ciento de los JVM de España cuentan con un médico forense con carácter exclusivo para el juzgado. En un 44,4 por ciento de los casos, comparten al facultativo con otros juzgados del partido y un 51,85 por ciento, con otros partidos. Tampoco cuentan todos los JVM con un fiscal exclusivo. El 28,4 por ciento lo compatibilizan con otros juzgados del partido y más de la mitad tienen que compartirlo con otros partidos judiciales.
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