Psicólogos ofrecen a las autoridades un protocolo que en 55 pasos estima el riesgo de las víctimas de violencia machista

EUROPAPRESS.ES-04/06/2012

El Colegio de Psicólogos de Madrid ha presentado este lunes un protocolo que permite a los profesionales identificar, en 55 pasos, el nivel de riesgo en el que se encuentra una víctima de violencia de género, cruzando factores que van desde la carrera delictiva del agresor hasta circunstancias personales de la mujer, como la existencia o no de red social de apoyo en su entorno.

Así lo han explicado en rueda de prensa la coordinadora del grupo de trabajo que ha desarrollado el documento, María del Rocío Gómez; el decano del Colegio de Psicólogos de Madrid, Fernando Chacón; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira, la presidenta de la Audiencia Provincial de Madrid, María Ferrer; y la viceconsejera madrileña de Justicia y Administraciones Públicas, Elena González.

Esta 'Guía de Buenas Prácticas para la evaluación psicológica forense del riesgo de violencia contra la mujer en las relaciones de pareja' analiza el riesgo general, con factores como la inteligencia del imputado o su carrera delictiva; el riesgo existente en la dinámica relacional, con variables como la amenaza de ruptura o el acoso; el riesgo en el imputado, mediante 34 indicadores como la presencia de psicopatologías; y el riesgo en la denunciante, cruzando once valores como su origen inmigrante.

"Se puede estimar para un breve periodo de tiempo la probabilidad de que aparezca violencia", ha afirmado la coordinadora de la guía, tras explicar que se analizan tanto elementos de pasado como de presente y de futuro partiendo, por un lado, de la conducta del agresor y la intencionalidad del daño causado y, por otro, de la conducta de la víctima y su grado de vulnerabilidad.

El trabajo está pensado para que lo apliquen los psicólogos de las unidades de valoración forense de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, sean específicos o compatibles. Sin embargo, ni todos los juzgados están equipados con estas unidades, ni hay psicólogos forenses disponibles en los turnos de guardia ni, en muchos casos, los jueces demandan este tipo de evaluación, dado que puede demorarse hasta 72 horas.

"Tiene que ser una demanda de todos los operadores jurídicos que los psicólogos estemos ahí", ha señalado Gómez, para explicar que "a día de hoy en las guardias no están los psicólogos, sólo los médicos forenses, que no hacen informes de riesgo", en respuesta a una fiscal de violencia de género que desde la tribuna del público ha denunciado que en la práctica, esos informes no llegan a los profesionales.

Para Vieira, es necesario "avanzar mucho más" en la evaluación de riesgos" y "lo ideal, sería disponer de psicólogos para aplicar este protocolo inmediatamente", pero se dispone de medios limitados en la situación económica actual. Con todo, a su juicio, si se quiere "conseguir rigurosidad y eficacia" en la determinación del riesgo y, por tanto, en la prevención de nuevos delitos sobre la víctima, hay que "conseguir que los psicólogos participen" en el proceso.

En este sentido, ha apuntado que en la actualidad existe "riesgo de vanalización, de que la evaluación se haga de forma un tanto aribitraria, por personas seguramente poco cualificadas que no la realicen con el necesario rigor" y ha incidido en que para solucionarlo, "se requiere una respuesta rigurosa y sistematizada" como la que a su juicio, ofrece esta guía.

Chacón, por su parte, ha señalado que el protocolo actual de evaluación policial del riesgo es "insuficiente y no cumple los fines que persigue", y ha apuntado que "el cuestionario seguramente lo puede pasar una persona no cualificada, pero se convierte así en un mero trámite administrativo y el porcentaje de acierto es muy bajo". "A los psicólogos nos toca demostrar que si el protocolo es el adecuado y el profesional también, va a redundar en un beneficio de la sociedad", ha apostillado.

Por su parte, la presidenta de la Audiencia Provincial de Madrid ha puesto el acento en que "la prevención incumbe a todos los poderes públicos" y, aunque la intervención judicial es "siempre posterior" al hecho delictivo, también "puede contribuir a esa labor preventiva", por ejemplo, extrayendo datos que sirvan para conocer y prevenir un conflicto posterior.

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