Medidas por la falta de comunicación de jueces y policías en penas de alejamiento

En Almería el problema se solventa con el envío de una copia de la aprobación judicial a las Fuerzas de Seguridad
ELALMERIA.ES-25/09/2012-MARÍA JOSÉ UROZ

La fiscal delegada de Almería en materia de Violencia de Género ha trasladado a la Fiscalía General del Estado el problema que se ha detectado en relación al control de la ejecución de las penas de alejamiento por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al no conocer estas con exactitud el momento del inicio y fin de su ejecución.
 
Se trata de un problema que se ha ido solventando, según destaca la fiscal delegada en Almería, tras adoptar el criterio de enviar una copia de la liquidación de la pena a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad una vez que ha sido aprobada judicialmente.
 
No obstante, según indica en la memoria de la Fiscalía General del Estado, "sería conveniente extremar la pronta y correcta inscripción en relación a todas las incidencias, desde su adopción o imposición, en relación a la ejecución de las medidas o penas de alejamiento".
 
La problemática que se ha detectado en Almería se expone dentro del capítulo de adopción y eficacia de las medidas de protección sobre las víctimas y menores desde el inicio de las actuaciones policiales o judiciales y hasta que se obtiene una sentencia firme.
 
Según consta en la memoria, la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas del Protección Integral contra la Violencia de Género, establece una amplia gama de medidas para la prevención y protección de las víctimas, así como de los menores que conviven con ellas, tanto con anterioridad al inicio del proceso penal como durante su tramitación, e incluso, tras su finalización. Es de interés para esta área de especialización del Ministerio Fiscal, tener la mayor información posible sobre la adopción de tales medidas, así como de su eficacia una vez adoptadas. La Fiscalía de Almería ha ido adoptando medidas para paliar los problemas de incomunicación que existían en este ámbito, sobre todo porque si la Policía Nacional o la Guardia Civil no conocen el estado de la orden de alejamiento difícilmente pueden actuar y, por consiguiente, la pena resultaría ineficaz.

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