Las mujeres se juegan la vida en Afganistán

En Afganistán, las violaciones de los derechos humanos son todavía algo habitual y las mujeres afganas las sufren con especial virulencia. El reciente asesinato de una agente de policía que trabajaba en la protección de víctimas de violencia contra las mujeres deja en evidencia el largo camino que queda por recorrer en este país para alcanzar una paz igualitaria, justa y duradera.

Amnistía Internacional ha documentado desde hace años estos abusos y acaba de lanzar una acción en Internet dirigida al presidente afgano Karzai para que las defensoras de los derechos humanos de las mujeres puedan desempeñar su labor sin temor a la violencia, la intimidación, la persecución o el castigo.

 Más de diez años después del derrocamiento del régimen talibán, que gobernó Afganistán entre 1996 y 2001 con puño de hierro, aplicando la sharia o ley islámica, es justo decir que la situación de las mujeres afganas ha mejorado algo: el acceso de las niñas a la educación ha aumentado, así como la representación de las mujeres en el Parlamento afgano y otras instituciones públicas, y por fín mujeres y hombres tienen la misma condición jurídica, tal y como recoge la nueva Constitución. 

Hasta aquí las buenas noticias, porque los asesinatos, agresiones y discriminación contra las defensoras de los derechos humanos de las mujeres no cesan. El 16 de septiembre murió asesinada una de las mujeres policía de mayor rango del país, tras recibir varios disparos a manos de dos hombres sin identificar que circulaban en motocicleta cerca de la jefatura de policía de Lashkar Gah, capital de la provincia de Helmand. La teniente Negar, de 38 años, se había destacado en la protección de las mujeres que denuncian el uso de la violencia contra mujeres y niñas.
 
En los diez últimos años, el gobierno de Afganistán apenas ha llevado ante la justicia a los autores de abusos contra los derechos humanos, sobre todo cuando las víctimas son mujeres, incluso cuando ostentan cargos públicos, como en los asesinatos de Hanifa Safi, directora del Ministerio de Asuntos de la Mujer en la provincia de Laghman, y de Safiye Amajan, también directora provincial del Ministerio de Asuntos de la Mujer en Kandahar. También en Kandahar, fueron asesinadas a tiros a la puerta de su casa la reconocida activista Sitara Achakzai o la teniente coronel Malalai Kakar, que estaba al frente de una unidad de diez mujeres policía que se ocupaban de casos de delitos contra las mujeres.

Defender los derechos humanos de las mujeres en Afganistán supone aún jugarse la vida -la propia y la de sus familiares- frente a los grupos integristas talibane s . En las zonas bajo su control, los talibanes continúan hostigándolas. Asesinan y aterrorizan a mujeres destacadas de la vida pública y declaran la guerra a la educación de las niñas, aplicando los mismos métodos que emplearon cuando controlaban el país: mujeres de todas las profesiones y condiciones sociales fueron sistemáticamente discriminadas y apartadas de la vida pública; se les negaba la educación, el trabajo y la libre circulación, participación y representación política. Debían someterse a la voluntad de un familiar directo, siempre hombre, y la realidad de la mujer afgana pasó a ser el confinamiento en su casa.
 
Tras la caída del régimen talibán, Afganistán ratificó en 2003 la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el presidente electo Hamid Karzai aprobó por decreto la Ley para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en 2009. Pero muchas de sus disposiciones aún no se aplican íntegramente y, desde entonces, algunos opositores intentan que se anule la ley en su totalidad. Ni las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley ni las autoridades judiciales investigan debidamente los actos de violencia contra mujeres y niñas ni se enjuician a los responsables.
 
Según la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, en los últimos años la violencia contra las mujeres “se ha convertido en un fenómeno generalizado que se extiende cada vez más” en todo el país y documentó más de 4.000 casos de violencia contra las mujeres entre marzo y octubre de 2012, un 28 por ciento más que en el mismo periodo de 2011.
 
El lento avance de las conquistas de las mujeres afganas se puede ver truncado de nuevo si las negociaciones de paz que el gobierno de Karzai mantiene con los opositores talibanes no fija de manera clara unas líneas rojas que salvaguarden la protección de los derechos humanos de mujeres y hombres. Como temen muchas activistas afganas, las garantías constitucionales de estos derechos serán papel mojado si no se crean sistemas para vigilar su cumplimiento tanto por parte del gobierno de Afganistán como de los grupos opositores.
 
Es necesario involucrar a policías, jueces y autoridades políticas y sociales, como líderes tribales o cargos religiosos, en la lucha contra la violencia y la discriminación contra la mujer y, para ello, como en muchas otras ocasiones, será la presión de la gente corriente la que hará que la rueda se empiece a mover.
 
También es esencial garantizar la participación de las líderes comunitarias y activistas por los derechos humanos en el proceso de reconciliación nacional que busca el gobierno afgano, ya que no se puede excluir a la mitad de la población de unas negociaciones de paz, si se busca una paz justa y duradera.