«Las autoridades mexicanas no protegen a las mujeres de la violencia y la discriminación crecientes ni garantizan que los responsables responden ante la justicia», afirma Amnistía Internacional en un informe que entregó hace apenas 6 meses.
Luis Warton Aburto, alcalde de Acapulco quiso restarle importancia a la violación de 6 españolas en Acapulco, asegurando que «cosas como estas ocurren en otras partes de México». Y era cierto.
«La situación de los derechos de la mujer en México es alarmante» declaró Rupert Knox, investigador de México en Amnistía Internacional. «En los últimos años hemos presenciado no sólo un aumento de los homicidios de mujeres, sino una continua y habitual ausencia de investigaciones efectivas y de justicia», añade.
Según la institución internacional el problema es que las normas que se crean para proteger a las mujeres, luego «nunca se aplican».
Según un informe publicado por UNIFEM (entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de las mujeres), entre 1985 y 2009 fueron asesinadas en México al menos 34.000 mujeres; 2.418 solamente en 2010.
En Ciudad Juárez fueron asesinadas 320 mujeres en 2010 y en el primer semestre de 2012 hubo más de 130 homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua.
Violaciones y castración química
Sólo en 2009, el Ministerio Público recibió 14.829 denuncias de violación de todo el país, una cifra alarmante teniendo en cuenta que la mayoría de las mujeres no denuncian estos delitos de las cuales solo se condenaron 2.795.
La mayoría de los casos no se investiga efectivamente y las medidas que se adoptan para proteger a las sobrevivientes son insuficientes.
El caso de San Salvador Atenco es emblemático. Más de 26 mujeres sufrieron agresiones sexuales a manos de la policía tras ser detenidas en manifestaciones en 2006, explican fuentes de Amnistía Internacional. La denegación del acceso a la justicia tanto por parte de las autoridades del Estado ha hecho que nueve mujeres elevaran sus casos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Esta situación ha hecho que se ponga sobre la mesa el debate sobre la castración química. «El Universal de México» publica que un grupo de legisladoras del país ha apostado para que esta medida se añada a la sentencia máxima para los violadores, que es de 30 años de prisión.
La información presentada por Amnistía Internacional también detalla el aumento de las amenazas y de las agresiones contra mujeres activistas de derechos humanos que trabajaban para que se haga justicia a sus familiares asesinados.
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