El Comité Europeo de Derechos Sociales considera que los salarios de los trabajadores jóvenes no son adecuados en España, donde, por tanto, no se está cumpliendo el párrafo 5 del artículo 7 de la Carta Social Europea, que insta a los firmantes a reconocer el derecho de los menores y los aprendices "a un salario equitativo o, en su caso, otra retribución adecuada".
En su informe de conclusiones de 2011 sobre el grado de cumplimiento de la Carta Social Europea por parte de España, el citado comité recuerda que el salario de los jóvenes puede ser, en efecto, inferior al de un adulto de partida, pero añade a renglón seguido que cualquier diferencia ha de ser "razonable" y cerrarse rápidamente.
A los 16 años, un salario del 30% más bajo que el de un adulto, de partida, "es aceptable", indica el texto, que prosigue diciendo que entre los 16 y los 18 años, la diferencia no puede superar el 20%.
Tras examinar la situación en España, el Comité Europeo de Derechos Sociales concluye en su informe de 2011 que la situación en este país no cumple con lo establecido en la carta y que el salario mínimo de los jóvenes es "manifiestamente injusto".
Por otra parte, el documento, que en esta ocasión se centra en analizar los derechos referidos a menores, familias e inmigrantes, evidencia también que España incumple el precepto de la Carta Social Europea que obliga "a garantizar a las madres que críen a sus hijos el tiempo libre suficiente para hacerlo" al no dar permiso de lactancia a las trabajadoras domésticas.
Otro de los aspectos de los que el informe se hace eco es el referido a la violencia de género, un campo en el que el comité considera que España ha dado pasos significativos" al aprobar medidas encaminadas a proteger a las mujeres contra esta lacra social.
No obstante, pide al Gobierno más información sobre el grado de cumplimiento de estas medidas y sobre la situación de la violencia de género en general en España.
El Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa concluye que la garantía de los derechos sociales en España es todavía muy precaria y no alcanza a grupos gravemente expuestos a la exclusión como son las personas con discapacidad y sus familias
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