El Tribunal de Cuentas denuncia más parches en la gestión de Aído

LARAZON.ES-29/05/2011-L.R.

El Tribunal de Cuentas ha puesto en cuestión convenios de colaboración suscritos por el Instituto de la Juventud (INJUVE), perteneciente actualmente al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, en el periodo 2008-2009, momento en el que la ex ministra de Igualdad, Bibiana Aído, se encontraba al mando de este departamento.

Ya el pasado mes de febrero el Tribunal de Cuentas detectó múltiples «deficiencias» en los contratos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, que también dependía de Aído. Ahora, en el informe de fiscalización sobre los convenios de colaboración de la entidad juvenil, que acaba de remitirse a las Cortes y a cuyo contenido tuvo acceso Europa Press, se señala que el Instituto formalizó 115 convenios de colaboración en ese periodo.Entre ellos, el Tribunal se detiene en uno firmado con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para promover en 2008 la igualdad de oportunidades entre los jóvenes, dotado con algo más de 1,3 millones de euros, derivó en un reparto de ayudas en función de la representación de los partidos en esta federación, «criterio que resultaba incongruente por no ser la FEMP una asociación de representación de los partidos políticos, sino de las entidades locales, además de ser un criterio que no estaba relacionado, en absoluto, con el objeto del convenio».

La colaboración se remontaba desde años antes pero, ante los avisos del tribunal, el Instituto acabó corrigiendo el método de reparto. A todo ello, se añaden «diversas deficiencias en la tramitación de los expedientes de los convenios de colaboración celebrados por el INJUVE durante el período fiscalizado, incumpliendo lo dispuesto en relación con la tramitación de los convenios de colaboración». «En ninguno de los 115 convenios de colaboración del INJUVE en período fiscalizado quedó acreditada la realización de actuaciones para promover la concurrencia de terceros posibles participantes», pone como ejemplo. Igualmente, el Tribunal denuncia «la escasa o nula actividad de las comisiones de seguimiento y control de los convenios de colaboración». Por todo ello, el Tribunal de Cuentas insiste en reclamar al Gobierno «un adecuado marco legal para el empleo del convenio de colaboración por las Administraciones Públicas».

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