El pleno del Senado ha aprobado una moción, propuesta por el PP, en la que se insta al Gobierno a reconocer a los menores expuestos a la violencia de género la consideración de victimas de esta lacra, garantizándoles, mediante la colaboración con las comunidades autónomas, el derecho a la asistencia social integral.
Para ello, la moción, que ha salido adelante tras una transacción del PP, PSOE, Entesa y el Grupo Mixto, contemplan la elaboración de "un plan común" con las comunidades autónomas para la atención de las necesidades de estos menores. CiU y PNV se han abstenido al entender que este plan puede suponer una invasión en las competencias transferidas a las comunidades autónomas.
Durante la defensa de la moción, la senadora del PP María del Carmen Dueñas ha señalado que las medidas incluidas en la Ley Integral contra la Violencia de Género han demostrado ser "insuficientes" para la protección de los menores y ha apuntado que el objetivo es que "esta Ley integral sea lo más eficaz posible para las mujeres y también para las otras víctimas directas, sus hijos".
Asimismo, ha indicado que el Gobierno está trabajando para garantizar la adopción de medidas civiles y penales para que los menores expuestos a violencia de género sean considerados "como un sujeto más del procedimiento". Así, ha indicado que se está colaborando con el Ministerio de Justicia para establecer "la obligatoriedad de pronunciamiento sobre la pertinencia y necesaria adopción de las medidas civiles orientadas a promover la protección y el bienestar en los menores".
Por su parte, el senador socialista Jorge Sen, que ha respaldado la moción, ha señalado que actualmente la respuesta judicial a este problemas implica una "arbitrariedad", ya que "para unos jueces los menores son testigos y para otros son víctimas". Además, se ha referido a la Proposición de Ley presentada por el PSOE este mes para reforzar la protección de los menores frente a los delitos de violencia de género y ha esperado alcanzar el máximo consenso con el resto de grupos.
Mientras, la senadora del CiU, Coralí Cunyat, ha defendido la abstención de su grupo porque, a su juicio, la moción "puede invadir claramente las competencias" que las comunidades tienen otorgadas. "Defendemos no dar pasos atrás y lo que ustedes nos plantean podría provocarlo", ha apuntado. También la senadora del PNV, María Eugenia Iparragirre, ha denunciado esta posible invasión de competencias.
A estos argumentos, la senadora del PP ha respondido que la moción "no supone ningún paso atrás" y ha asegurado que "para nada pretende invadir competencia alguna", aunque ha apuntado que es "fundamental homologar criterios".
UN MILLÓN DE MENORES EN ESTA SITUACIÓN
Actualmente, en España se estima que aproximadamente un millón de menores españoles conviven diariamente con la violencia de género en sus propios hogares, sin que hasta el momento ni la normativa ni la administración los haya catalogado nunca como víctimas, según el texto de la moción.
Así, la moción señala que en las últimas décadas en España se han dado "importantes pasos en el tratamiento legal y asistencial de la violencia de género". Hasta ahora la prioridad ha sido proteger a la mujer, pero la moción señala que "esta prioridad no debe hacer de sus hijos víctimas invisibles de la misma fuente de violencia".
"Su consideración ha estado siempre más próxima a la de testigo de la violencia, sin embargo, no son pocos los profesionales que advierten que estos niños son víctimas directas, independientemente de sus padres, ya que, como mínimo, suelen padecer secuelas psicológicas por su exposición a la violencia", señala el texto.
La violencia ejercida sobre los menores puede producir no sólo un impacto inmediato, sino también a largo plazo, que puede ser de carácter permanente y afectar las capacidades de adaptación social del futuro adulto, según estos expertos.
La Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género, que data de diciembre de 2004, sólo considera víctimas a las mujeres parejas o exparejas de su agresor. El Gobierno ya ha anunciado, dentro del Plan Estatal Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016 aprobado en abril, la intención de modificar esta norma para incluir a los menores como víctimas directas de esta lacra.
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