El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha defendido que la reforma del Código Penal que ha presentado el Gobierno tiene por objetivo acotar actuaciones de proxenetismo que actualmente quedan impunes.
Así lo ha asegurado en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, tras la reunión de la Junta de Portavoces de los martes, después de que el PSOE denunciara este lunes en un encuentro informativo que la citada reforma legislativa va a legalizar y dar cobertura a los grandes burdeles que favorecen el proxenetismo en España, al hacer "casi imposible" que las mujeres que están sometidas a esta lacra puedan demostrarlo.
La socialista Ángeles Álvarez apuntaba así al nuevo artículo 187 del citado proyecto de ley de reforma por el que se elimina del redactado actual el concepto de 'explotación sexual', al mismo tiempo que se establecen dos nuevas condiciones para que sea castigado, con penas de prisión de dos a cuatro años y multas de 12 a 24 meses, el proxeneta que se lucra de la prostitución ejercida por una persona, aun cuando exista el consentimiento de la misma.
En concreto, se establece en la nueva redacción qué sólo serán punibles estas situaciones cuando la víctima "se encuentre en una situación de dependencia personal y económica, que no le deje otra alternativa, real o aceptable, que el ejercicio de la prostitución", o el hecho de que "se impongan para su ejercicio condiciones gravosas o desproporcionadas o abusivas".
A juicio de la socialista, es "casi imposible" que las víctimas puedan demostrar que se da alguna de esas dos condiciones, al mismo tiempo que resalta que con el redactado del nuevo Código Penal se iba a desproteger aún más al colectivo, además de abrirse la puerta a las mafias.
UNA CONCLUSIÓN "ENGAÑOSA"
No obstante, y respondiendo a estas acusaciones de la diputada socialista, Alfonso Alonso ha insistido en que la reforma del Código Penal planteada por el Gobierno quiere que no sea necesaria la acreditación de la violencia o intimidación que padecen las prostitutas.
Eso sí, entiende que si uno hace una lectura "sin más" del actual Código Penal y de la reforma que se propone podría llegar a esa conclusión, "aunque es engañosa".
"El problema que se está encontrando ahora es que el Código Penal actual dice que en la misma pena incurrirá el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun cuando haya consentimiento de la misma", ha indicado, aunque jurisprudencialmente dice que sí se exige su demostración si hay explotación, violencia o intimidación. "Un requisito muy difícil de demostrar para muchas mujeres", ha señalado.
Por eso, el diputado vasco ha insistido en que tanto el actual redactado como la reforma que plantea el Gobierno mantienen que sea delito el proxenetismo, sólo que en el nuevo proyecto de ley se va más allá para acotar esas situaciones de proxenetismo que quedaban impunes, dada la actual jurisprudencia. "Por eso el Código Penal quiere que no sea necesaria la acreditación de esa violencia o intimidación", ha remachado.
Igualmente, ha recordado que esta semana el Pleno va a constituir una subcomisión para estudiar la trata de seres humanos y la lucha y la explotación sexual, donde se debatirá también el proxenetismo en España.
"Espero que podamos tener un debate serio y acotar los márgenes de impunidad que se obtienen por el texto actual del Código Penal o por cómo se ha ido interpretando jurisprudencialmente y que se vaya cerrando el camino a los proxenetas que se lucran con la explotación de las mujeres", ha sentenciado.
EL VÉRTIGO DEL PSOE
Precisamente, este próximo jueves tendrá lugar en la Cámara Baja el debate de totalidad de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios para mejorar el texto de la reforma presentada por el Gobierno.
Alfonso Alonso ha criticado en este sentido el "vértigo" que le da al PSOE la respuesta penal que se plantea en esta reforma, "una respuesta penal contundente en delitos graves", dado que se han visto en muchas situaciones donde la sociedad se siente desprotegida.
"Defendemos más contundencia y protección a colectivos vulnerables y más vigilancia sobre los individuos que han acreditado una conducta penal, y una peligrosidad que ponen en peligro el conjunto de la ciudadanía", ha concluido.
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