El Gobierno controlará a los maltratadores por GPS

LARAZON.ES – 22/11/2008 – PACO RODRÍGUEZ

La medida, calificada «urgente» en 2006, fue aprobada ayer

Dos años ha tardado el Gobierno en poner en marcha una de las 20 medidas «urgentes» aprobadas en diciembre de 2006 para acelerar y hacer más efectiva la ley contra la violencia de género. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer que el Consejo de Ministros había autorizado la implantación de los dispositivos electrónicos de detección de proximidad de agresores por violencia de género para garantizar las medidas de alejamiento acordadas por los jueces. Estos brazaletes permitirán garantizar el control, seguimiento y efectividad de las medidas de alejamiento dictadas por los jueces. Su implantación comenzará en 2009 y tendrá un presupuesto de cinco millones de euros. La Ley Integral Contra la Violencia de Género, aprobada en 2004, permitía el control de los maltratadores condenados mediante estos dispositivos electrónicos. Y en estos cuatro años, sólo la comunidad de Madrid decidió dar un paso al frente y poner a disposición de los jueces 100 brazaletes, en los que invirtió 60.000 euros. Este año, el número de brazaletes ha ascendido a 150 y cuenta con un presupuesto de un millón de euros para sufragar los gastos del centro de control de dispositivos, los técnicos de mantenimiento y de un equipo de psicólogos. «Difícil batalla»

De la Vega reconoció que «la batalla contra esta lacra está siendo difícil» y, por ello, el Ejecutivo «va a redoblar su compromiso, fundamentándose en la prevención, concienciación, cooperación y mejora de protección de las mujeres». «Es un compromiso que tiene que llevarnos a su erradicación», subrayó. Para conseguirlo, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que establece un programa específico de reinserción sociolaboral para las víctimas de malos tratos. Con una partida de más de 11 millones de euros, se contempla la atención específica e individualizada a las desempleadas inscritas en los Servicios de Empleo por parte de personal especializado. Asimismo, las víctimas podrán acceder a un programa formativo específico para favorecer la inserción laboral por cuenta ajena, y se ofrecerán incentivos para favorecer el inicio de una actividad por cuenta propia.

A pesar de las medidas anunciadas por el Gobierno, la presidenta de la asociación Mujeres en Igualdad, Mercedes de la Merced, reclamó «más medios materiales y humanos» y que se pongan en marcha todas las medidas anunciadas para desarrollar en su totalidad la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que entró en vigor hace cuatro años. De la Merced consideró «insuficientes» los avances que se han producido hasta ahora y criticó que el plan de inserción laboral «llega tarde y en plena crisis económica».

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