El Congreso exige al Gobierno que restituya el «tijeretazo social» que anunció Zapatero

 LARAZON.ES-28/05/2009-ESTHER L. PALOMERA

Y van ocho en dos meses. El PSOE perdió ayer en el  Pleno del Congreso otras dos votaciones, una proposición no de ley y una moción, ambas impulsadas por el PP, que concitó el apoyo mayoritario del resto de la Cámara. Esta vez la importancia es más cualitativa que cuantitativa, pues lo que el marcador electrónico puso en evidencia es que una cosa es el discurso de Zapatero sobre la protección social y su conjura para defender los intereses de los más débiles, y otra muy distinta es la cruda realidad de la crisis económica y la limitación de los Presupuestos Generales.

Hablamos, primero, de una proposición no de ley para que el Gobierno «reestablezca las partidas sociales que se han visto reducidas como consecuencia del acuerdo de no disponibilidad de créditos por importe de 1.500 millones, según resolución de 18 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y la Discapacidad (...)». El texto fue apoyado por el resto de los grupos, a excepción del PSOE, cuyo voto en contra puso en evidencia el discurso del Gobierno de compromiso con las políticas sociales. Se trata de una declaración política no vinculante, pero en ella se ponía negro sobre blanco el «tijeretazo» en partidas sociales como la de discapacidad, IMSERSO,  educación infantil o ayudas para la adquisición de viviendas... Así que los socialistas pusieron en bandeja el discurso del popular Alfonso Alonso: «Queda demostrado que Zapatero mintió cuando dijo que no aplicaría recortes sociales. Cuando pide, pues, austeridad y contención en el gasto público, traslada el esfuerzo principal a los más débiles». La socialista María José Sánchez Rubio negó los mencionados recortes y los llamó eufemísticamente «una reorientación del gasto a las prestaciones prioritarias, especialmente la protección por desempleo». Hasta aquí la primera derrota de la tarde. La segunda fue una moción, tampoco vinculante, que pedía al Ejecutivo medidas para paliar el sobreendeudamiento de las familias a través de apoyo financiero a los ayuntamientos que son quienes soportan más gasto en atención social.