El Ayuntamiento de Sevilla destinó un millón de euros a dudosos proyectos de cooperación

ABC.ES-27/07/2009-ALBERTO GARCÍA REYES 

El PP sostiene que las sospechosas subvenciones concedidas por el Consistorio forman parte de «un plan para desviar fondos» 

El modelo de Cooperación Directa puesto en marcha por el Ayuntamiento de Sevilla ha generado una gran polémica a lo largo de 2009. El pacto de gobierno alcanzado entre el PSOE e Izquierda Unida otorgó la gestión del presupuesto destinado a esta materia a la delegación de Relaciones Institucionales, liderada por el comunista Antonio Rodrigo Torrijos, quien el 11 de diciembre de 2008 aprobó un convenio con la Fundación DeSevilla, un organismo autónomo gestionado por IU, para destinar 990.000 euros a varios proyectos de cooperación. Ese convenio contó con la desaprobación del interventor municipal, José Miguel Braojos, pero finalmente se llevó a cabo con el visto bueno del alcalde, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín.

Una serigrafía fantasma
La polémica comenzó cuando se descubrió que en los lugares en los que supuestamente se iban a llevar a cabo estos proyectos que requerían 990.000 euros, tales iniciativas eran absolutamente desconocidas por los receptores finales e intermediarios que se citaban en los propios expedientes aprobados.
El primer proyecto «falso» que se descubrió fue el destinado al Instituto de la Juventud de Nicaragua. Sevilla debía enviar al Injuve ordenadores, motocicletas, camionetas y un equipo de serigrafía por valor de 216.760 euros.

ABC contactó con Mario Rivera, director de esta institución, para obtener información sobre esta subvención. Y la sorpresa llegó cuando Rivera reconoció que «no tengo conocimiento de ninguna ayuda desde Sevilla».

A los tres días, en cambio, al director del Injuve se le refrescó la memoria y en una entrevista concedida a la televisión nicaragüense afirmó que «efectivamente, la subvención existe». Pero esta declaración lo abocó a una situación inesperada. La Contraloría General de Nicaragua, que es un organismo similar a la Cámara de Cuentas española, abrió una investigación, ya que la legislación del país centroamericano exige que las subvenciones que se vayan a recibir del extranjero consten en el Rubro General de la República, hecho que no se había producido. Por ello, Mario Rivera volvió a dar marcha atrás y terminó aseverando que «finalmente la subvención de Sevilla no se ha producido».

El PP sevillano instó entonces al alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, a que tomara cartas en el asunto, ya que, según los populares, detrás de estas ayudas había «un trasvase de fondos públicos a camaradas de otros países». Pero el alcalde decidió mantener la situación y dejar a IU al frente de la Cooperación Directa.

El siguiente escándalo llegó desde La Habana. Otro de los proyectos subvencionados consistía en el envío de un incinerador para el cementerio de Colón de La Habana que costaría a Sevilla 64.881 euros. Según el expediente que aprobó el Ayuntamiento, la persona con la que se había acordado esta iniciativa en Cuba se llamaba Rolando Carrillo.

ABC se puso en contacto con él y se encontró con una curiosa respuesta: «Yo no sé nada de un incinerador, no tengo nada que ver con eso porque esos temas los lleva acá otra persona». Además, en el cementerio informaron de que ya tenían el incinerador, pero que había sido adquirido por el Gobierno cubano por 90.000 dólares.

La adquisición de equipamiento informático para la Oficina Central de Trabajadores de La Habana era otra de las iniciativas de cooperación que se recogían en el convenio. En total, Sevilla gastaría 38.733 euros en 60 ordenadores. Inés María Quesada, responsable de la Oficina, aclaró a este periódico que «las computadoras han llegado, pero algunas dan problemas porque son viejas».

¿Vinculación con las FARC?
De todos los proyectos de cooperación aprobados, el más problemático fue el de Colombia. En primer lugar se contemplaba el envío de un equipo de analítica sanguínea al Centro de Salud José María Ferez de Usiacurí, que tenía un coste de 5.553 euros.

Sin embargo, la gerente del hospital aclaró que «ya tenemos ese equipo porque nos lo envió el Gobierno colombiano». Y en segundo lugar, el convenio recogía la liberación de 81.378 euros para 42 familias en la comunidad de la vereda de Puerto Brasil, en el municipio de Viotá. Ni el alcalde del lugar ni los propios vecinos conocían el proyecto, así que ABC se puso en contacto con la ONG que aparecía como intermediaria en el expediente, Redvivir. Su presidente, Jaime Cedano, avaló la iniciativa pese a que era completamente desconocida por sus supuestos beneficiarios finales. Y en cuanto salió a relucir su nombre, el Partido de la U, principal fuerza política de la coalición que otorga el gobierno a Álvaro Uribe, denunció que Cedano es un histórico miembro del brazo político de la organización terrorista Farc.

El delegado de IU que subvencionó este proyecto, Antonio Rodrigo Torrijos, se defendió de estas acusaciones con la siguiente pregunta: «¿Acaso es un antidemócrata quien usa las armas para luchar contra un gobierno opresor?». Después se supo que Cedano viajaba con bastante frecuencia a Sevilla para participar en actos del Partido Comunista. Por último, el Partido de la U elaboró un informe que puso en manos de los servicios de seguridad de Colombia. Actualmente la investigación sigue su curso.

Ante todas estas polémicas, el PP ha sostenido la idea de que estas subvenciones forman parte de un plan para desviar fondos con fines partidistas bajo el paraguas de la cooperación al desarrollo. Pero el alcalde, que jamás se ha pronunciado personalmente en estos asuntos, ha mantenido los proyectos e incluso ha vuelto a ceder la cooperación directa para el próximo curso a su socio de IU, aunque el dinero sigue paralizado en las arcas municipales por falta de justificación de otros proyectos que se ejecutaron con anterioridad.