Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, el Consejo de Ministros ha aprobado una declaración institucional en la que constata su rechazo frente a este grave problema social:
“El Gobierno de España expresa su rechazo y el de toda la sociedad a cualquier forma de violencia ejercida contra las mujeres, así como su firme compromiso para su erradicación, en España y en la Comunidad Internacional, impulsando todas las medidas que resulten necesarias.
Porque aunque el Ordenamiento Jurídico Español garantiza de jure la igualdad entre mujeres y hombres, la persistencia en nuestra sociedad de la violencia, que en sus distintas manifestaciones sufren las mujeres por el hecho de serlo, obliga a los poderes públicos y con ellos a toda la sociedad, a seguir dando pasos para alcanzar de facto la plena igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, también en la esfera privada. Y para ello, la erradicación de la violencia contra la mujer es una condición necesaria.
La violencia que en sus distintas manifestaciones, trata de mujeres y niñas, acoso sexual, la violación, el matrimonio forzoso, los crímenes cometidos supuestamente en nombre del “honor” y la mutilación genital, se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo es un problema de dimensión global tal como indican las Naciones Unidas y el Consejo de Europa y constituye un grave atentado contra la dignidad personal, la integridad y los derechos fundamentales de quienes la sufren y también, de sus hijos e hijas y menores a cargo.
Por ello el Gobierno viene, desde el inicio de la legislatura, trabajando para mejorar la respuesta dada a quienes sufren la violencia contra la mujer, en el marco de la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013-2016, aprobada al amparo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Y lo ha hecho mediante un amplio programa legislativo para dotar al sistema de prevención asistencia y protección frente a esta violencia de herramientas más eficaces. Así ha sucedido con la aprobación entre otras, de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, la ley Orgánica 4/2015 de 27 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Jurídico de la Víctima del delito, y la Ley Orgánica 7/2015 de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Normas que atienden también a las necesidades de las víctimas de otras formas de violencia contra la mujer y, singularmente, a las víctimas de trata con fines de explotación sexual.
Los menores, víctimas directas de la violencia de género
Y también, de manera señalada a los niños, hijos e hijas y a cargo de quien sufre la violencia, víctimas directas merecedoras de especial protección. Por ello, se ha procedido a la aprobación de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia que mejoran la atención y la protección de los hijos y las hijas de las mujeres víctimas de violencia de género, así como de los menores víctimas de otras formas de violencia en particular, de la trata de seres humanos, e incluyen a los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género en el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, con el objeto de visibilizar esta forma de violencia que se puede ejercer sobre ellos.
Por su parte, el Gobierno, tal como ha venido haciendo mediante distintas campañas institucionales de sensibilización, reafirma su compromiso por fomentar la concienciación ciudadana por la igualdad entre hombres y mujeres y la construcción, entre todos, de una sociedad libre de violencia contra la mujer, implicando cada vez más a entornos, colectivos profesionales, agentes económicos y sociales y también a los hombres, en el rechazo de cualquier forma de esta violencia; en la detección precoz y en el apoyo y la ayuda a quienes la sufren.
Concienciación que de manera prioritaria se dirige a la juventud y la población adolescente, con campañas de sensibilización específicas orientadas a la detección temprana del maltrato, y promoviendo la efectiva aplicación entre la comunidad escolar del principio del Sistema Educativo del “desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género”
Otro de los ejes prioritarios del Gobierno en materia de violencia de género es la mejora de la respuesta institucional a través de la implementación de la Propuesta Común para la mejora de la coordinación interinstitucional y la puesta en marcha de planes personalizados para las víctimas de la violencia de género y los menores a su cargo.
De este modo se han financiado proyectos autonómicos, se está implementando el Protocolo de derivación para la coordinación de las redes autonómicas de centros de acogida, y se ha impulsado la interconexión de las bases de datos autonómicas con el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género del Ministerio del Interior.
La plena erradicación de un problema complejo y atávico como la violencia contra la mujer precisa de la actuación de todos. Actuación que a largo plazo, debe apoyarse en la absoluta confianza en que una sociedad sí violencia contra las mujeres es posible. Y para tal fin es fundamental avanzar en un mayor conocimiento del problema de esta violencia.
Así, desde el liderazgo de España en la recopilación y análisis de datos e investigaciones sobre la violencia de género, es necesario de acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, seguir aumentando la extensión, frecuencia y los soportes para la difusión de datos e investigaciones, mejorando la precisión y rigor de los datos proporcionados en tanto que sirven para dar testimonio de la gravedad de este problema y para que la sociedad tome conciencia sobre él.
La acción de España en el exterior, como miembro activo de la comunidad internacional, extiende el compromiso del Gobierno con el fin de la violencia contra la mujer al ámbito internacional, sobre la base de un asentado acervo multilateral, que se manifiesta principalmente en el seno de las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Consejo de Europa y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
En el ámbito de las Naciones Unidas, apoyando la labor de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Sra. Dubravka Simonovic, así como el trabajo de las Agencias y organismos del sistema especialmente activos en esta materia, con ONU Mujeres a la cabeza, y apoyando y promoviendo de manera activa todas aquellas resoluciones y demás iniciativas relativas a las múltiples formas de violencia contra la mujer, en la Asamblea General, en el Consejo de Seguridad así como como en el Consejo de Derechos Humanos.
En el ámbito de la Unión Europea, impulsando la aplicación de sus directrices sobre la violencia contra las mujeres y la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012, así como reconociendo el trabajo realizado por sus instituciones en este ámbito. En el marco del Consejo de Europa, siendo parte del Convenio sobre la lucha contra la Trata de Seres Humanos y de la Convención para la lucha y la prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, en vigor desde el 1 de agosto de 2014.
"La erradicación de la violencia contra la mujer es una cuestión de Estado"
Siendo conscientes de los retos y desafíos a que debe enfrentarse la sociedad española para acabar con este problema, es preciso seguir avanzando hasta lograr el fin de la violencia contra la mujer con la unidad de todas las fuerzas políticas, y desde la consideración de la erradicación de la violencia contra la mujer como una cuestión de Estado.
Y para la consecución de ese logro, es necesario que todos, administraciones, instituciones y fuerzas políticas apoyen a quien la sufre, persigan a quien la provoca y contribuyan a crear una conciencia social inequívoca en su rechazo al maltrato. El trabajo conjunto de Administraciones Públicas, Poder Judicial, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, medios de comunicación, profesionales de todos los ámbitos, asociaciones especializadas y sociedad civil es el método para alcanzar una sociedad libre de cualquier forma de violencia contra la mujer, garante y respetuosa de su dignidad y derechos y de los de sus hijos e hijas.
El Gobierno, desde la convicción de que una sociedad libre de violencia contra la mujer es posible en el siglo XXI y consciente de que cada persona es responsable de cambiar la cultura de desigualdad, exhorta a toda la sociedad para que junto a los poderes públicos, lidere el cambio hacia una sociedad libre de violencia contra la mujer.”
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