El Gobierno de España expresa su rechazo y el de toda la sociedad a cualquier manifestación de violencia contra la mujer, y por ello se compromete a poner en marcha cuantas medidas sean necesarias para su erradicación, tanto en el seno de la sociedad española como en el ámbito de la comunidad internacional.
El Gobierno, en consecuencia, considera “imprescindible”, desde “la madurez” de las políticas públicas, continuar con “la unidad” de todas las fuerzas políticas y potenciar al máximo el trabajo conjunto de las administraciones públicas, del poder judicial, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de los medios de comunicación, de los profesionales implicados, de las asociaciones especializadas y de la sociedad civil. Porque el compromiso y el objetivo de las instituciones y de la ciudadanía consiste en construir una sociedad libre de violencia de género, y por tanto, “garante y respetuosa” de su dignidad y derechos, y de los de sus hijos e hijas.
La madurez de las políticas públicas pasa, por tanto, por seguir perfeccionando los instrumentos y recursos de los que dispone el sistema contra la violencia de género implantado en España, con el fin de prevenir el problema, recuperar a las víctimas y provocar “el rechazo activo de todos los que amparan, promueven o legitiman” la violencia de género.
España, tal y como recoge la Declaración, “ha consolidado un amplio sistema institucional de prevención, asistencia y protección” frente a la violencia de género gracias a su acervo legislativo y normativo al respecto, entre lo que destaca la Ley de Protección Integral de 2004 y la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, puesta en marcha en la presente legislatura. Por responsabilidad, en consecuencia, el Gobierno se compromete a reforzar y mejorar el sistema a través del fomento de la concienciación ciudadana y de la sensibilización a favor de la igualdad entre mujeres y hombres y de una sociedad libre de violencia de género. Y a través de la implicación de los colectivos profesionales, agentes económicos y sociales, y a los hombres en el rechazo rotundo a cualquier forma de violencia.
La detección precoz, el apoyo y la ayuda a quienes padecen la violencia de género y el reproche a quienes la promueven son otros objetivos esenciales para el Ejecutivo.
ACENTO EN LA CONCIENCIACIÓN DE LA JUVENTUD
“La juventud y la población adolescente deben contribuir de manera singular al fin de la violencia contra la mujer, siendo necesario que los jóvenes identifiquen y rechacen conductas que, siendo objetivamente violencia de género, a veces, se toleran o justifican como consecuencia de la pervivencia de estereotipos discriminatorios”.
La Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por esta razón, promueve “el conocimiento acerca de la especial incidencia entre los jóvenes de esta violencia mediante la realización de estudios y encuestas” que incidan en la concienciación social, la identificación y la deslegitimación de cualquier manifestación del maltrato desde sus primeras señales.
Conviene implantar en la escuela, en los institutos, la igualdad como principio. Así, “el desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género, son ahora Principios del sistema educativo”.
Todo ello, además de la realización de campañas específicas de prevención del maltrato desde sus primeras señales dirigidas a los y a las jóvenes (la campaña “Hay Salida” de este año se orientará a los adolescentes), constituyen el compromiso del Gobierno, ya que “la juventud de hoy es protagonista de la sociedad libre de violencia de género de mañana”.
Junto a la juventud, “es también preciso procurar una respuesta adaptada a los grupos vulnerables, como mujeres con discapacidad, mayores, mujeres del medio rural e inmigrantes. Y haciendo hincapié en los hijos de las mujeres que sufren violencia de género, “las víctimas invisibles”: “porque la reciben o porque la ven, son instrumentalizados para dañar a sus madres y perpetúan, si no son asistidos, los roles de agresor y víctima”.
“Los poderes públicos prestan la protección y atención que merecen procurándoles junto a sus madres la seguridad y la respuesta asistencial y judicial adecuada, que les garantice un desarrollo lejos de quien ejerce la violencia, siendo como son merecedores también de todo el apoyo y el reconocimiento social”.
OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Tras diez años desde la aprobación de la Ley de Protección Integral, “es imprescindible seguir trabajando por concienciar acerca de otras formas de violencia contra la mujer y contribuir a visibilizarlas”, pues la trata con fines de explotación sexual, los matrimonios forzados, la mutilación genital femenina y la violencia sexual “están presentes en nuestra realidad y quienes la sufren merecen también que todos los poderes públicos y la sociedad actúen para su eliminación”.
La coordinación se antoja un principio de actuación fundamental, tal y como se expresa en la progresiva interconexión de los recursos autonómicos, con el Sistema de Seguimiento Integral de los casos de violencia de género o en la creación de una Red Nacional de Casas de Acogida. Ambas iniciativas, “fruto de la colaboración con las administraciones autonómicas”, recoge la Declaración, parten de la premisa de proporcionar una atención personalizada a las mujeres supervivientes y a sus hijos e hijas.
Es prioritario “seguir abogando por la ampliación de estudios y datos estadísticos disponibles, y por la transparencia en la información y las cifras.
COMPROMISO INTERNACIONAL
La Declaración del Gobierno con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer expresa el compromiso por extender dichos objetivos al ámbito internacional, principalmente en el seno de Naciones Unidas, la Unión Europea, el Consejo de Europa y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). En el primero, “apoyando de manera activa todas aquellas resoluciones y demás iniciativas relativas a las múltiples formas de violencia contras las mujeres, tanto en la Asamblea General como en el Consejo de Derechos Humanos”; en el segundo, la UE, “impulsando la aplicación de sus directrices sobre la violencia contra las mujeres, así como reconociendo el trabajo realizado por sus instituciones”; y en el contexto del Consejo de Europa, “siendo parte del Convenio sobre la lucha contra la trata de seres humanos y de la Convención para la lucha y prevención de la violencia contra las mujeres y la violencias doméstica”, en vigor desde el 1 de agosto de este año.
El Gobierno recuerda en la Declaración que España “ha mostrado su firme compromiso con las iniciativas recientes adoptadas en el escenario internacional para luchar contra la violencia sexual que sufren las mujeres en los conflictos”, y por ello, ha suscrito una declaración internacional de compromiso para poner fin a esta violencia y apoyando un Protocolo internacional para la investigación de tales delitos.
España, asimismo, “ha seguido favoreciendo la adopción de protocolos para la investigación eficaz de los asesinatos por motivos de género en varios países de Iberoamérica e impulsando la capacitación de profesionales de la región en este ámbito”.
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