La Guardia Civil ha desmantelado una red que ofrecía a mujeres inmigrantes, sobre todo marroquíes, regularizar su situación y acceder a ayudas públicas mediante falsas denuncias por violencia de género hacia sus parejas residentes en España, que la propia banda les buscaba en Almería, principalmente hombres de la misma nacionalidad, a quienes la banda ofrecía entre 2.000 y 4.000 euros por interpretar su papel de maltratadores.
En la 'operación Pomelo' han sido detenidas 18 personas, entre los que se encuentran los responsables del grupo, que ponían en contacto a las inmigrantes que querían legalizar su situación en España con hombres residentes en la provincia de Almería. A continuación, simulaban una relación y la mujer presentaba una denuncia por violencia de género para obtener así la regularización y, además, iniciar la tramitación de una subvención de 400 euros.
La Benemérita ha detenido a los tres organizadores de la trama, además de a otros seis varones y nueve mujeres que participaron en los hechos. En la operación también se han practicado dos registros en los domicilios de algunos de los implicados, donde se ha intervenido abundante documentación que está siendo analizada.
Hasta el momento, se ha determinado la implicación de los detenidos en al menos 14 delitos de denuncias falsas por violencia de género, con las que pretendían obtener la regularización de su situación e iniciar la tramitación de una subvención.
Aumento de denuncias por violencia de género
La investigación se inició después del verano, al detectarse un aumento significativo de denuncias por violencia de género entre ciudadanos marroquíes ante la Guardia Civil de El Ejido, en las que coincidían una serie de características y patrones comunes.
Tras las primeras averiguaciones, se localizó a un grupo organizado compuesto por tres personas de nacionalidad marroquí que se dedicaban a buscar mujeres marroquíes en situación irregular en España. Les ofrecían poder acceder a regularizar su situación administrativa simulando ser víctimas de violencia de género, además de posibilitarles acceder a las ayudas económicas que se conceden en España para las víctimas de estos delitos.
Para ello contactaban con varones marroquíes, con situación administrativa regularizada en España, a los cuales les ofrecían entre 2.000 y 4.000 euros por simular ser pareja y agresor de la mujer, con la promesa de que cuando ésta consiguiera su residencia legal en España retiraría la denuncia y la causa se archivaría, quedando sin antecedes por dichos delitos.
Una vez interpuesta la denuncia y con la sentencia provisional, las mujeres acudían a la Oficina de Extranjeros de Almería, donde presentaban una solicitud de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, conforme a su consideración de víctimas de violencia de género. En los casos investigados hasta el momento estas ayudas eran concedidas en el plazo de un mes.
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