Ana Mato anuncia una “profunda reforma” del marco jurídico de protección de la infancia

MºSANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD-20/11/2013

•Clausura del I Congreso del Interés Superior del Niño
•La modificación normativa incluirá una regulación estatal de las situaciones de riesgo y desamparo, especificando la intervención adecuada en cada caso
•La “guarda voluntaria” a petición de los padres, no podrá sobrepasar los dos años
•La reforma flexibilizará el acogimiento familiar, que tendrá prioridad sobre el residencial, y agilizará los procesos de adopción
•Más de 14.000 niños en España viven en residencias mientras esperan una familia

En España hay 14.000 niños viviendo en residencias mientras esperan una familia. Sin embargo, el acogimiento familiar y los procesos de adopción, tanto nacional como internacional, son lentos. A finales de 2012 eran más de 10.000 las familias con expedientes abiertos esperando un niño. Ante esta situación “la necesidad de una reforma urgente y profunda del marco jurídico de protección de la infancia en este ámbito es evidente”. Así lo ha asegurado la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en la clausura del I Congreso del Interés Superior del Niño, celebrado en el Ministerio, coincidiendo con el Día Universal del Niño, y organizado por la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF) y la Asociación de Acogedores de Menores de la Comunidad de Madrid (ADAMCAM).

La ministra ha detallado algunas de las principales medidas contenidas en esta reforma, que se llevará a cabo a través de dos Anteproyectos de Ley en colaboración con el Ministerio de Justicia, las Comunidades Autónomas y las ONG dedicadas a la Infancia. Se trata de una profunda revisión del sistema español de protección a los menores, por el que se modificarán diversos artículos de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, Código Civil, Ley de Adopción Internacional y Ley de Enjuiciamiento Civil. 

En primer lugar, Mato ha señalado que se plantea “una regulación estatal más completa de las situaciones de riesgo y desamparo”, especificando la intervención adecuada en todas las situaciones en que puedan encontrarse los menores. 

La ministra ha explicado que la llamada “guarda voluntaria” se limitará a dos años. Se trata de la figura mediante la cual los padres biológicos ceden voluntariamente la guarda de sus hijos, que pasan a ser acogidos, ante situaciones graves que lo justifiquen. Transcurrido ese plazo, el menor deberá regresar con sus padres o será dictada una nueva medida de protección permanente. Se pretende evitar así que se hagan crónicas situaciones de guardas voluntarias en las que los padres ceden el cuidado de sus hijos a las administraciones públicas “sine die”. Por ello, se considerará que existe desamparo cuando, transcurrido el plazo de guardia voluntaria, sus responsables legales, encontrándose en condiciones de hacerse cargo del menor, no quieran asumirlo. Sin embargo, nunca se considerará que existe desamparo por la situación económica de los padres o tutores. 

La ministra también ha destacado como novedad la intención de “dar una oportunidad a los menores tutelados por una institución de crecer en una familia”. Por ello, en la reforma legislativa se planteará flexibilizar el acogimiento familiar, dándole prioridad frente al residencial, y agilizar los procesos de adopción. En concreto, no se acordará el acogimiento en residencias de ningún menor de tres años, salvo supuestos de imposibilidad debidamente acreditada. 

Además, se facilitará la gestión administrativa del acogimiento familiar, sin que sea necesaria la intervención judicial. Por otra parte, se regula por vez primera el estatuto del acogedor familiar, es decir el conjunto de derechos y deberes de los acogedores familiares. 

En cuanto a la adopción, se agilizará el procedimiento, estableciendo por primera vez la guarda con fines de adopción, para evitar que el menor tenga que permanecer mientras duran los trámites en un centro de protección. En relación a la adopción, además, se evitará por ley que padres que tengan un hijo tutelado por las administraciones sean declarados idóneos para adoptar. Es decir, se incluirá la previsión que familias que hayan “devuelto” un niño adoptado no puedan optar a una nueva adopción. 

Todas estas medidas se tomarán “con el objetivo de garantizar el interés superior de los más pequeños y reforzar la búsqueda de la mejor familia para cada niño”. 

La ministra ha concluido su intervención asegurando que “los niños y niñas representan nuestra esperanza y son nuestro futuro”. Por ello, la voluntad del Gobierno es trabajar para garantizarles un entorno adecuado: “Ellos serán los que hagan un país y un mundo mejor. Nosotros, dándoles los medios para ello, lo estamos haciendo también”.

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